La Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto de ley que busca derogar el feriado irrenunciable en días en que se celebren elecciones y plebiscitos.
La iniciativa, que fue ingresada por un grupo de parlamentarios de derecha, apunta a evitar las pérdidas económicas que se generan en dichas jornadas.
En el documento, los legisladores citan al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio, que afirmó que la merma producida en los sufragios de 2023 ascendió a 7.700 millones de pesos.
Avanza proyecto que busca derogar feriado irrenunciable en elecciones
La propuesta no ha estado exenta de críticas, las que se centran en que el feriado es una herramienta para garantizar la participación ciudadana en los procesos electorales, especialmente considerando el voto obligatorio.
En ese sentido, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Eric Campos, hizo un llamado a permanecer alertas ante eventuales retrocesos en materia laboral.
“A nosotros nos parece que esto es un profundo retroceso. Nos parece que la gente debiese estar alerta porque no podemos permitir que retrocedamos en derechos que los trabajadores del comercio ya tenían”, cuestionó.
Sin embargo, para el abogado laboralista, Aldo Fendez, el proyecto no constituye una vulneración de derechos adquiridos, asegurando que corresponde a una reducción de un estándar laboral.
“No formaba parte del patrimonio permanente de aquellos trabajadores que beneficiaba, sino que dependía de la vigencia de una norma legal que el legislador está facultado para modificar. Es innegable que la reforma reduce un estándar de protección laboral previamente existente”, indicó.
Otro de los sectores que se ve afectado con los feriados son las pymes. Gianina Figueroa, directora de la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, hizo un llamado a encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico y la participación en los procesos electorales.
“Creemos que es legítimo evaluar mecanismos que permitan mantener la actividad económica, especialmente para el pequeño comercio que tiene menos capacidad de adaptación que las grandes empresas”, señaló en primer lugar.
Añadiendo: “El desafío es encontrar un equilibrio que garantice el derecho de las personas a votar y participar”.
El proyecto ahora deberá enfrentar al Senado, donde de ser aprobado sin modificaciones, podría ser promulgado como ley por el presidente José Antonio Kast.
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