Esta mañana de lunes, desde el gobierno se refirieron a la acusación constitucional -que se espera se presente esta tarde- contra el delegado presidencial de la región Metropolitana, Eduardo Durán.
Recordemos que, lo anterior, tras ser acusado de no haber implementado una planificación de seguridad para el partido entre Colo Colo y Fortaleza, que terminó con dos fallecidos en el Estadio Monumental.
En primer lugar, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reiteró que como han dicho en distintas oportunidades consideran que “esta es una acusación constitucional infundada, inconducente y las causales que establece la Constitución para las acusaciones constitucionales contra los delegados presidenciales son más estrictas y restringidas que respecto, por ejemplo, de los ministros de Estado”.
“En este caso se requiere una infracción a la Constitución y en este caso no habría ningún fundamento para hacerlo conforme a lo que establece el texto constitucional, pero adicionalmente, ya son muchas las acusaciones que se han presentado. Todos sabemos lo que pasa con ella”, complementó.
Agregando que, con la AC, “el sistema político se distrae, el Congreso y particularmente la Cámara de Diputados, deja de legislar y todos se abocan a la acusación cuando lo que nos gustaría ver es una actitud constructiva para efectos que las diputadas y diputados estén concentrados en sacar adelante las leyes que el país necesita y, por tanto, que se esfuercen en legislar y no que se distraigan y en acusaciones constitucionales que son inconducentes”.
Lo anterior, sostuvo, “más aún cuando una investigación de carácter penal que está en desarrollo y también investigaciones de carácter administrativo. Por tanto, nos parece que esto no es un instrumento que se justifique, en este caso, es incontinente, va a implicar una distracción respecto a lo que hace el Congreso Nacional, que es trabajar por aprobar buenas leyes para el país y finalmente no se contribuye”.
Delegado y AC en su contra: “No tiene ningún fundamento jurídico”
En la misma línea, si bien reconoció que desde el Ejecutivo se respetan las facultades de los distintos poderes del Estado, el delegado Eduardo Durán sostuvo que “creemos que no tiene ningún fundamento jurídico”.
“Segundo, quiero decir que no sólo no hemos cometido infracción legal alguna, sino al revés, hemos sido especialmente activos y proactivos respecto de todo lo relativo a la seguridad de los partidos de fútbol, de los eventos masivos y, por supuesto, de todas las tareas que nos corresponde desarrollar”, señaló.
Acto seguido, dijo “nosotros valoramos muy profundamente el debate que ha habido en el Congreso respecto a esta materia. He podido exponer con claridad ante la Comisión de Deportes, ante la Comisión de Seguridad Ciudadana”.
“Seguimos completamente disponibles para dialogar con las distintas comisiones de la Cámara e incluso con las distintas bancadas a objeto de dar garantías de que estamos trabajando con toda fuerza para enfrentar no solo el fenómeno que se ha producido -y para eso hay una investigación en curso del Ministerio Público- sino muy especialmente en los desafíos de presente y de futuro que tenemos en esta materia”, cerró.
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