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La diputada Danisa Astudillo (PC) anunció un proyecto de ley para abordar la crisis por socavones en el país, como el caso del edificio Euromarina 2, buscando regular los suelos con riesgo de colapso y evitar construcciones sin medidas de seguridad. El proyecto recibió apoyo de todos los sectores políticos y busca disponer el desalojo de construcciones con daños severos. También plantea obligaciones municipales y de empresas sanitarias para prevenir daños. La ley pretende entregar soluciones rápidas y responsabilizar a entidades públicas o privadas, además de elevar las exigencias en la evaluación y otorgamiento de permisos en suelos propensos a colapsar, con especial énfasis en la región de Tarapacá, donde hay más de nueve mil afectados por socavones.

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Cuando estamos frente a una posible crisis por socavones en distintas zonas del país, tales como el caso del edificio Euromarina 2, la diputada Danisa Astudillo (PC) anunció un proyecto de ley que trate la materia y mitigue los daños de estos incidentes. Este fue bien recibido por todos los sectores políticos y se espera avance en la Cámara.

Una regulación integral de los suelos con riesgo de colapso es lo que busca garantizar la iniciativa, para así impedir que autoridades autoricen construcciones que no cuenten con medidas suficientes para aplacar estos riesgos. Permitiendo, además, disponer el desalojo de construcciones que contengan daños severos y pongan en riesgo la vida de sus habitantes.

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Además, el proyecto establece obligaciones municipales en el ámbito de autorización para la construcción de inmuebles, y también obligaciones para las empresas sanitarias en la evacuación de aguas servidas, lo que anteriormente ha generado graves daños.

Según la diputada oficialista, sólo en Tarapacá, región la cual representa, hay más de nueve mil afectados por socavones, mayormente por exceso de salinidad en los suelos.

Astudillo concluyó que la ley tiene dos ejes principales: por un lado “entregar una solución rápida y permanente a las familias afectadas por socavones, responsabilizando a entres privados o públicos según sea el caso”, y por otro, “elevar las exigencias para evaluar y otorgar permisos en suelos que puedan colapsar”.