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Las diputadas del Partido Socialista, Emilia Nuyado y Danisa Astudillo, integrantes de la comisión de Vivienda, denuncian que en la actualidad las empresas o grupos de presión tienen el poder de decidir qué familias acceden primero a soluciones habitacionales en terrenos privados entregados a Comités de Vivienda. Esto provoca frustración y desconfianza, ya que algunas familias que llevan años esperando son dejadas de lado. Nuyado propone abordar los criterios de postulación en una sesión especial de campamentos, destacando la creación de nuevos comités que son beneficiados de forma extraña. Por su parte, Astudillo critica la falta de un procedimiento establecido, denunciando incluso casos de postulaciones pagadas. Ambas parlamentarias instan al Ministerio a establecer un orden de prelación considerando la antigüedad de los comités y aspectos como vulnerabilidad, discapacidad y pertenencia a pueblos indígenas, para evitar malas prácticas.

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Las diputadas Emilia Nuyado y Danisa Astudillo, ambas del Partido Socialista y parte de la comisión de Vivienda, afirman que actualmente se permite que cuando los suelos son privados, empresas o grupos de presión decidan qué familias pueden acceder primero a soluciones habitacionales, esto en el marco de las entregas de terrenos a Comités de Vivienda.

“Esto genera frustración y desconfianza, ya que hay familias que llevan años esperando una solución y son dejadas de lado por empresas”, aseveran.

Nuyado adelanta que han planteado que, en la sesión especial de campamentos de la comisión, se pueda también abordar los criterios de postulación. Agregando que “durante el proceso de postulación se crean nuevos comités que salen extrañamente beneficiados”.

Además, la parlamentaria por la Región de Los Lagos denuncia poca acción del ministerio en la materia (Minvu). Precisamente en el “establecer un orden de prelación para las postulaciones”, por lo que invita a “avanzar con los comités más antiguos calificando la vulnerabilidad, discapacidad y pueblos indígenas entre otros aspectos”.

En la misma línea, Astudillo complementa que “no hay un procedimiento establecido” y denuncia que “incluso hay casos donde estas postulaciones se pagan”.

“Aquí debe construirse un criterio unificado basado en la prelación y en la vulnerabilidad de las familias. Esos criterios deber ser aplicados y transparentados para que no existan malas prácticas”, concluye la diputada.