El contralor Jorge Bermúdez compareció ante la Cámara de Diputados y Diputadas, para entregar detalles a la Comisión Especial Investigadora sobre los traspasos a fundaciones.
El contralor Jorge Bermúdez entregó declaraciones luego de comparecer ante la Comisión Especial Investigadora por las transferencias que se han hecho a fundaciones, en particular la situación de Antofagasta con Democracia Viva.
“Como Contraloría, hace un mes y medio, nos comprometimos a hacer una auditoría a la brevedad y eso fue lo que vinimos hoy día a presentar. La semana pasada se notificó esa auditoría y hoy día la presentamos en la Comisión Especial Investigadora”, precisó el contralor.
En cuanto a las irregularidades que se detectaron, Bermúdez detalló que “hay observaciones en general que son del control interno o la ausencia de este, que son nueve, y hay otras seis que se desglosan en algunas particularidades que son respecto de Democracia Viva”.
En relación a cuáles son las más graves, el contralor precisó que “por un lado, la contratación de personas por las fundaciones para trabajar como si fueran funcionarios públicos sin serlo, tanto en la Seremi como en el Serviu, o la ausencia de procedimientos para la asignación de estos convenios, lo que llevó a que se asignaran directamente, o la falta de planes de trabajo, o la falta de una coherencia entre el objeto de la Fundación y lo que efectivamente se estaba contratando”.
Comisión Especial Investigadora
Cabe recordar que la fundación Democracia Viva, organización representada por Daniel Andrade, recibió un total de $426 millones, según detalló el informe final de auditoría que realizó el órgano contralor en el Servicio Regional Ministerial de Vivienda.
Respecto a esto, Bermúdez indicó que “de acuerdo a la información de prensa, porque a nosotros no nos consta que esos recursos se hayan devuelto efectivamente, quedan 97 millones”.
“Yo, por qué he dicho que es casi imposible poder recuperar esos recursos, porque en realidad aquí no hay una garantía. La fundación no tiene patrimonio… la forma de requerir la devolución va a ser a través de un juicio, o sea estamos hablando de 10 años más, por lo menos”, dijo el líder del órgano contralor.
“No hay una coherencia entre lo contratado y lo pagado”
Al preguntarle por qué no hubo coherencia entre lo que se pagó y lo que se adjudicó, la autoridad dijo que “porque no hay un plan de trabajo detallado que dé cuenta de un programa que se vaya a ejecutar con metas, con plazos, con obras, con montos asignados, tal como ocurre, por ejemplo, cuando se contrata una obra pública por parte del Estado”.
“No hay cauciones, no era una exigencia y por eso evidentemente que también es una observación relevante. Y esa falta de caución lo que hace es que sea muy difícil después obtener la restitución de los recursos (…) el informe lo que dice es que no hay una coherencia entre lo contratado y lo pagado”, detalló Bermúdez.
Caso fundaciones
Respecto a la responsabilidad que pueda tener el propio ministro Carlos Montes (Vivienda), Bermúdez dijo que “efectivamente esta es una auditoría que se hace en una región en particular que es Antofagasta. Por lo tanto, el foco está puesto en lo que ocurrió en la Secretaría Regional Ministerial y también en el Serviu de Antofagasta. A su vez, estamos haciendo auditorías en todas las regiones y además una auditoría a nivel central, es decir, a nivel ministerial”.
“Nosotros no determinamos responsabilidades políticas, no es nuestro rol, no es nuestro rol estar determinando si hay una autoridad política que tenga o no una responsabilidad, sino que esa responsabilidad se determina en otros, en otras unidades administrativas”, indicó el contralor.
Al consultarle sobre cuántos son los montos objetados en el caso de los convenios de asentamiento, el contralor cree “que es bien relevante que se sepa que aquí que tenemos un problema, porque como Estado se están transfiriendo más de 1,4 billones de pesos, o sea, es muchísimo dinero a entidades privadas y la regulación que existe es muy muy débil. Es muy poca”.
“En el caso del programa de asentamientos precarios, la cantidad de dinero que está dispuesta para transferirse son 43 mil millones de pesos, según la Ley de Presupuesto de este año. Entonces, en el fondo hay mucho dinero que está involucrado, pero cuando uno lo lleva al caso en particular, en proporción, pareciera que fuera poco”, agregó.
