La Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins ordenó el allanamiento, luego que Contraloría detectara irregularidades en licitaciones y contrataciones de servicios por parte del alcalde de Rancagua.
Efectivos de la Policía de Investigaciones realizaron un operativo en el domicilio particular del alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, por un presunto caso de corrupción.
Según fuentes de Radio Bío Bío, se trató de un allanamiento ordenado por la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins, que indaga posibles delitos de corrupción.
Lo anterior, tras un informe de Contraloría que detectó irregularidades en licitaciones y contrataciones de servicios, que remitió los antecedentes al Ministerio Público.
Luego de recibir la documentación, la Fiscalía de Alta Complejidad pidió al Tribunal de Garantía órdenes de entrada y registro a diez inmuebles, entre ellos el domicilio de Godoy, además de dependencias de la Municipalidad de Rancagua, empresas particulares y la Corporación Municipal Educacional.
Se espera que la información que logre ser recogida en estos allanamientos, sirvan para formalizar la investigación en contra del jefe comunal.
El fiscal de Alta Complejidad, Nicolás Núñez, confirmó la investigación por delitos de corrupción al interior de la Municipalidad de Rancagua y la Corporación Municipal.
“Estamos investigando principalmente fraude al Fisco, negociación incompatible y los delitos que vayan surgiendo durante la investigación”, aseguró.
Recordemos que en septiembre del año pasado, cuatro concejales denunciaron al alcalde Godoy ante el Tribunal Electoral de O’Higgins, luego de conocerse una serie de irregularidades detectadas por Contraloría.
No obstante, el organismo rechazó remover al jefe comunal, tras ser acusado de “un notable abandono de deberes e infracción a la probidad”.
De acuerdo a un reportaje de Canal 13, el jefe comunal es apuntado por realizar compras a la empresa del hermano de uno de sus asesores vía trato directo, es decir, sin la licitación respectiva, por más de 300 millones de pesos.
Además, se cuestiona la compra de un inmueble con orden de embargo, a lo que se suma la adjudicación de un contrato para pintar colegios.
De hecho, ante la serie de antecedentes que han ido surgiendo, el Partido Socialista suspendió su militancia en el conglomerado oficialista.
