Desde la oposición insisten que para alcanzar el "acuerdo nacional" por seguridad, el Gobierno debe ingresar indicaciones a la Ley Antiterrorista. Mientras que el oficialismo llamó a no dificultar el trabajo del Ejecutivo.
Tras la reunión por el “acuerdo nacional” en materia de seguridad, siguen las presiones de la oposición para que el Gobierno ingrese indicaciones a la Ley Antiterrorista. En el oficialismo llaman a no trabar la discusión y expertos aseguran que la ley corta de crimen organizado propuesta por La Moneda no es el camino.
Recordemos que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo; la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartaron modificar la actual normativa.
Bajo ese escenario, surgen distintas posturas al interior de los partidos. Hay quienes dicen que terrorismo y crimen organizado son temas diferentes e incluso no es necesario que haya organización para que se dé un acto que revista carácter terrorista.
Esta es la tesis que defienden en la oposición, donde aseguran que no se puede buscar que la ley de crimen organizado busque dar respuesta y/o solución a los hechos terroristas.
El punto es que, luego de que el Presidente asegurara que en la denominada Macrozona Sur sí hay delitos que revisten carácter terrorista; y posterior a que el Gobierno convocara a un acuerdo nacional de seguridad, hay sectores que estarían condicionando su participación a la modificación y/o modernización de esta ley.
Ley Antiterrorista se promulgó en 1984
La Ley Antiterrorista N°18.314 se promulgó en 1984 y su última modificación data del 21 de abril de 2015. Desde ahí a la fecha hay 8 proyectos, en tramitación legislativa, que modifican dicha ley.
Los últimos que ha presentado la oposición -en marzo de 2021- buscan determinar cuáles son las conductas terroristas, fijar su penalidad, para poder tipificar y sancionar. Por otro lado, presentaron uno que busca dotar a los órganos de investigación de técnicas y atribuciones especiales.
El pasado 8 de noviembre, parlamentarios oficialistas, de la bancada del PPD, presentaron una nueva moción que busca otorgar a los gobernadores regionales las atribuciones para presentar querellas.
El jefe de bancada de la UDI, el diputado Jorge Alessandri sostuvo que es urgente que el gobierno haga valer dicha ley.
“Por una parte, el Presidente reconoce que hay terrorismo. Nos costó 10 años sacarle esa palabra a Gabriel Boric, pero al momento de perseguirlo dice que la herramienta que tenemos, la Ley Antiterrorista, no es suficiente. No han presentado ninguna sola indicación para mejorarla”, expuso el parlamentario.
Por su parte, el senador del PPD, Jaime Quintana, quien está encabezando las conversaciones para acelerar el debate de Ley de Usurpación, dijo que la Ley Antiterrorista es de muy baja aplicación y poca condena. Llamó a la oposición a no dificultar el trabajo del Gobierno.
“El Gobierno actual ha presentado indicaciones a dos proyectos importantes en materia de seguridad, como robo de madera y narcotráfico. Por lo tanto, la disposición de avanzar está”, aseveró el Senador.
Experto sostiene que no siempre se puede probar el carácter terrorista
Silvio Cuneo, abogado penalista y académico de la Universidad Central, dijo que la experiencia comparada de las leyes antiterroristas en otros países demuestra que, muchas veces, no se puede aplicar porque tiene muchísimos requisitos y no siempre se puede probar el carácter terrorista, por lo que se acude al derecho penal común.
Respecto del plan del Gobierno, acusó que, al igual que las administraciones anteriores, están utilizando populismo penal.
“La clase política en Chile ha optado por hacer cosas que no generan los efectos que se esperan y eso no va a solucionar el conflicto, porque el fuego no se apaga con bencina. Si lo que hacemos es legislar con una agenda corta, ya partimos mal, porque supone una cosa hecha a la rápida”, manifestó.
A fines de esta semana, la ministra Tohá tendría su reunión con el Partido de la Gente (PDG) y la Democracia Cristiana (DC).
