La defensa del capitán del Ejército, Rafael Harvey, condenado a cinco años de reclusión por sedición impropia tras denunciar actos de corrupción, apeló a la medida asegurando la inexistencia del delito que se le imputa.
Según indicó el propio uniformado, esta es la primera vez en la historia del país en que se condena a un militar por sedición.
Ello no ocurrió en hechos históricos para el país: como el “Ruido de Sables”, el ataque al Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973, “El Tanquetazo”, El ejercicio de enlace, ni tampoco en El Boinazo, los que no fueron considerados actos de sedición por parte de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, el haber protegido a conscriptos dándoles a conocer cuáles eran sus derechos que estaban siendo vulnerados, fue considerado como un acto de desorden, según el propio capitán Rafael Harvey, quien señaló que continuará apelando en busca de justicia.
Harvey fue condenado por sedición impropia el pasado 20 de diciembre por el Segundo Juzgado Militar el que decretó 5 años de reclusión militar en su grado máximo.
La justicia castrense inició una investigación en 2015, concluyendo que Harvey indujo a desertar a 13 soldados quienes realizaban el servicio militar en el Regimiento de Artillería N°1 de San Bernardo, argumentando cobros indebidos, malos tratos y amenazas por parte de superiores.
La resolución indica que “al indicarles que con desertar nada ocurriría aparte de firmas mensuales sin privación de libertad, y que estaban en su derecho de irse del Regimiento, contribuyó a formar la convicción de que podían abandonar sin mayores problemas, lo que implicó una inducción o incitación a cometer las deserciones”.
Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, aseguró que esta es una muestra de la inexistencia de un sistema de protección adecuado a víctimas y testigos de actos de corrupción.
El diputado de RD, quien preside la Comisión Investigadora respecto a adquisiciones irregulares del Ejército, Jorge Brito, quien además ingresó un proyecto de ley que busca proteger a miembros de las Fuerzas Armadas que denuncien actos de corrupción, insistió en la necesidad de acabar con este tipo de encubrimientos.
Los relatos de los soldados, indican que uniformados reunieron a 38 conscriptos que habían ingresado a realizar el servicio militar hace pocas semanas, para informarles que cada uno debía pagar 3 mil pesos para costear su vestimenta, además de mil 400 pesos para los parches que debían coser en el uniforme, pese a que se trata de implementos que provee el Ejército de forma gratuita.
A partir de allí comenzaron a sufrir una serie de malos tratos y situaciones irregulares a las que el capitán Harvey intentó poner fin, alentándolos a denunciar sin temor a represalias.
