El asesor presidencial para la Ciberseguridad, Jorge Atton, explicó los ejes centrales de la futura política a implementarse en el país en esta área, adelantando que exigirá estándares a los funcionarios y a las empresas dependiendo de su sector y tamaño.
En este sentido, tendrá 5 ejes centrales: la infraestructura, la legislación, la difusión, la colaboración con otros países, y el desarrollo de la industria.
Reconoció, en el marco del congreso de ciberseguridad CyberSec 2018, que como país “hemos transmitido una imagen de que somos vulnerables” tras la serie de mediáticas filtraciones y ciberataques que han afectado a instituciones públicas y privadas.
Al respecto, el “sheriff” de la ciberseguridad (título que, indicó a BioBioChile, es el mensaje opuesto al que quieren entregar ya que la seguridad depende del usuario final y no de un “ángel guardian”) admitió que efectivamente “hay vulnerabilidades, hay brechas, pero las vamos a resolver”.
Planteó enfáticamente que éste “no es un problema de informática, tiene que ser abordado como un tema de riesgo”, y debe estar asociada con la transformación digital impulsada por el Gobierno.
Para abordar el problema, los tres ejes centrales serán el proyecto de Ley de Delitos Informáticos, la Ley Marco de Ciberseguridad, y la Ley de infraestructura crítica para ciberseguridad.
De forma provisoria, indicó, la coordinación del Sistema Nacional de Ciberseguridad quedará a cargo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que se encargará de la coordinación legislativa y de difusión, mientras que la Secretaría General de la Presidencia planteará las normas y estándares.
En particular, las políticas referentes a las instituciones del Estado estarán en manos del Ministerio del Interior -del que depende también la PDI, para la que se estipulan mayores cursos de capacitación-, la infraestructura crítica y el sector privado regulado por el Estado dependerá de Economía, mientras que Defensa se encargará de la ciberdefensa.
Respecto del sector privado, se les pedirá estándares diferenciados por sector y por tamaño, respecto de lo cual no adelantó detalles por estar aún en proceso. También se le exigirá estándares a los funcionarios del Estado, los que deberán adaptarse a este cambio junto con el plan de modernización digital del Gobierno.
La normativa y los estándares a los que deberán someterse las instituciones estatales y las empresas que prestan servicios al sector público serán, en tanto, entregados por Gobierno Digital, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia.
