Esta mañana fue el turno de la defensa de Chile para exponer sus alegatos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en respuesta a la demanda marítima boliviana.
En la ocasión, los nacionales presentaron los argumentos jurídicos e históricos por los que se niegan a negociar una salida soberana al mar con Bolivia.
El equipo chileno está liderado por el canciller Roberto Ampuero y el agente Claudio Grossman, quienes fueron acompañados por el excanciller Heraldo Muñoz, senadores y el equipo jurídico.
Grossman fue el primero en intervenir ante la Corte, señalando que la participación de Chile en el derecho internacional se basa en la paz y el respeto. Así, recalcó que es un participante habitual de la ONU, sobre todo en temas de paz. “Chile está orgullosa de su participación activa en organizaciones regionales”, manifestó.
Inmediatamente, mencionó el principal argumento para no negociar, el Tratado de 1904, que fijó los límites territoriales de ambos estados y fue aceptado por ambos. “Chile reconoció a Bolivia el derecho más pleno y sin restricciones el tránsito en su territorio y puertos del pacífico”, reveló.
Detalló que Chile ha mejorado su conectividad con Bolivia y que son el único país que controla su aduana en territorio nacional. “No está satisfecha con el acceso libre…Bolivia quiere que Chile ceda territorio costero. Territorio en el que Chile ha ejercido soberanía continua por más de 100 años”, advirtió.
Cambio en la demanda
Grossman criticó que los altiplánicos han cambiado su demanda en reiteradas ocasiones, con la finalidad de conseguir algo.
Sir Daniel Bethlehem, abogado inglés que representa a Chile, reiteró dicho punto. “Bolivia experimentó un cambio en sus alegatos orales, para eliminar los argumentos por Chile. Intentaba desestabilizar algo resuelto en el Tratado de 1904, luego cambió a una obligación de negociar y no de resultados”, explicó.
“Aún no sabemos cuándo se crearon las obligaciones de negociar. Seguimos sin saber si buscan obligación de resultados u objetivos más modestos”, añadió.
Junto con ello, desacreditó la petición boliviana, argumentando que apela más a lo sentimental que a los hechos objetivos y pretenden exceder sus fronteras más que negociar.
Bethlehem añadió que el Tratado de 1904 representa una solución definitiva a los temas de soberanía, documento que definió fronteras y otorgó de manera absoluta y perpetua algunos territorios.
Pese a ello, afirmó que los tratados se pueden revisar, siempre y cuando haya un acuerdo entre las partes, añadiendo que las relaciones diplomáticas no sugieren una obligación vinculante, considerando que todos los países conversan.
Asimismo, el británico señaló que Bolivia invoca un tratado que nunca se materializó y que quedó atrás con el de 1904, documento con el que los altiplánicos renunciaron a las peticiones que ahora sugieren.
Frustración de Bolivia
Jean-Marc Thouvenin, otro miembro del equipo, sostuvo que no existe nada en el derecho internacional que obligue a los vecinos a negociar, sino que pueden hacerlo. “La frustración de uno no hace una obligación al otro”, dijo.
“La demanda boliviana es como esas muñequitas rusas que se ponen una dentro de otra”, criticó.
Luego, aclaró que Chile nunca le ha dado la espalda, sino que ha ayudado mejorando accesos e, incluso, llegando más allá de lo que indican los tratados. Por ello, señaló que no existe ninguna obligación para negociar.
“La realidad parece estar muy lejos de las alucinaciones del profesor Remiro Brotons”, manifestó, añadiendo que Bolivia se equivoca a establecer la idea de negociar como una obligación y que dicha obligatoriedad la define la causa.
Documentos elegidos
Kate Parlett, abogada australiana, recalcó que Bolivia no presentó ningún documento, sino que declaraciones selectivas para justificar su punto, basándose en antecedentes de la década de 1920.
La jurista detalló que en actas de 1920 Bolivia planteaba su intención de tener acceso al mar. Dicha salida sería entre Arica y Tacna, sin embargo, no hubo acuerdo, puesto que Chile no quedó satisfecho con la propuesta. Por ello, pese a los argumentos bolivianos, estos documentos no son una evidencia jurídica en el caso, toda vez que la parte demandante lo había presentado como antecedente para negociar.
La jurista reiteró que la defensa boliviana sólo utilizó algunas citas del documento, para favorecer sus postulados. “Las palabras de Chile no eran una declaración que negociaría un acceso soberano”, aseguró.
Es más, afirmó que Bolivia omitió el contexto completo de la época, dejando en claro que las negociaciones no prosperaron y que se ratificó el tratado de 1904. “Los documentos indican que no hay nada pendiente”, dijo, añadiendo que “este no es un caso serio, es sólo un intento por modificar el Tratado de 1904”.
Sam Wordsworth, en tanto, llevó la discusión a 1950, cuando Bolivia envió una propuesta buscando “satisfacer” su necesidad fundamental de salida al mar con soberanía, a través de una negociación directa. “Esto es una propuesta, nada más”, advirtió.
Chile respondió que podía estudiar el tema, resguardando sus intereses, pero eso solamente, según el abogado inglés.
La disposición nacional era de estar abierto a entablar una negociación, pero Bolivia apostaba a una solución de su problema marítimo. Wordsworth advirtió que el intercambio de notas no significan un acuerdo internacional y que el contexto reafirma que Chile no tiene alguna obligación.
