Las autoridades suecas evalúan otorgar a la Policía la potestad de decidir si es pertinente una protesta y prohibirla si pone en riesgo la seguridad nacional.

La prensa de Suecia informó este viernes que nuevamente el refugiado iraquí Salwan Momika prendió fuego a un ejemplar del Corán, esta vez frente a la embajada de Irán en Estocolmo. Todo apenas un día después de que las autoridades elevaran el nivel de amenaza terrorista al segundo más alto.

Estas acciones contra el libro sagrado del islam han generado protestas de numerosos países musulmanes.

Frente a la embajada de Irán, situada en el municipio de Lindingö, a las afueras de Estocolmo, se congregaron también varios contra-manifestantes, y una mujer que atravesó las barreras policiales con un extintor para apagar el Corán en llamas fue detenida por los agentes que protegían a Momika, según el diario Dagens Nyheter.

Justamente esta misma jornada el gobierno Suecia había anunciado que estudiará si es posible reformar la ley de forma que se tenga en cuenta el riesgo para la seguridad nacional a la hora de otorgar permiso para actos de protesta como los convocados por Momika.

No obstante, el ministro de Justicia sueco, Gunnar Strömmer, subrayó que si ello ocurre, será en el marco de la Constitución vigente.

Más atribuciones a la Policía

“Cualquier cambio en la legislación sueca debe ocurrir dentro del marco de la protección actual a la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de manifestación”, declaró Strömmer, quien recalcó que Suecia seguirá siendo un país donde se puede criticar las religiones, y que manifestaciones como las llevadas adelante por Momika solo serán denegadas por la policía en el caso de que pongan en riesgo la seguridad nacional.

“Por supuesto, el descontento internacional o unas amenazas vagas no serán suficientes, debe ser una amenaza seria y calificada”, apuntó Strömmer, quien agregó que la reforma debería otorgar a la policía la potestad para cambiar de locación las protestas o disolverlas, si se da el caso. La propuesta, empero, ha sido criticada por algunos sectores políticos, que ven en riesgo la libertad de expresión.