Las autoridades francesas se aprestan a realizar una importante operación policial contra la inmigración ilegal en su archipiélago índico de Mayotte, que incluye la destrucción de un barrio de chozas y la expulsión de migrantes, en su mayoría provenientes de las Islas Comoras.
El semanario Le Canard Enchaîné reveló a finales de febrero la operación, bautizada “Wuambushu” (“recuperación”, en mahorés), pero el gobierno no la confirmó hasta el viernes, de boca del ministro del Interior, Gérald Darmanin.
La operación, aprobada por el presidente francés Emmanuel Macron según una fuente conocedora del caso, desplegará con más de 2.500 funcionarios.
“En Mayotte hay ahora mismo 1.800 policías y gendarmes que están llevando a cabo operaciones contra el tráfico de armas y contra grupos criminales”, aseguró Darmanin.
Situación en Mayotte
Mayotte, territorio francés en el océano Índico, vive una situación explosiva con la llegada cada año miles de migrantes en embarcaciones improvisadas, llamadas “kwassa kwassa”, desde la vecina Comoras, pero también de la región africana de los Grandes Lagos y de Madagascar.
La operación que ultima Francia no es del agrado de las autoridades comorenses, que reivindican su soberanía sobre Mayotte desde su independencia en 1974 de Francia, y advirtieron que no acogerán a las personas expulsadas.
Mayotte cuenta con unos 350.000 habitantes, de los cuales casi la mitad carece de nacionalidad francesa, según el organismo oficial de estadística Insee, aunque un tercio de estos nació en este archipiélago.
Estos migrantes ilegales viven en “bangas”, barrios insalubres golpeados por la violencia, y trabajan en la mayoría de los casos en pequeños empleos. Los menores van a la escuela.
La población y los responsables políticos los acusan de desequilibrar los pocos recursos del archipiélago, donde un 77% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, y de alimentar una tasa de delincuencia “fuera de lo común”.
Varias organizaciones, entre ellas la Liga de Derechos Humanos, expresaron su preocupación, al considerar que Francia atenta contra los derechos de los extranjeros y pone a los menores en “una situación de vulnerabilidad y peligro intolerable”.
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