La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha pedido a los parlamentarios británicos que impidan la aprobación del polémico proyecto de ley contra la inmigración ilegal, el que según ella choca con estándares humanitarios internacionales.
“Es esencial que los parlamentarios impidan la aprobación de una legislación que es incompatible con las obligaciones internacionales del Reino Unido”, insistió Mjatovic en una carta abierta dirigida a los presidentes de las dos cámaras del Parlamento.
El proyecto de ley de inmigración ilegal, que pasará este lunes por la Cámara de los Comunes (cámara baja del Parlamento británico), pretende expulsar del Reino Unido a cualquier persona que haya entrado al país violando los controles migratorios, en respuesta a las numerosas llegadas de migrantes por el Canal de la Mancha.
“Asegurar el acceso a los procedimientos de asilo es un componente clave del sistema de protección de derechos humanos en Europa y más allá”, resaltó la comisaria, quien considera que la nueva ley “se sumaría a la ya significante regresión en la protección de los derechos humanos a solicitantes de asilo y migrantes” en el Reino Unido.
“Sin importar la manera de su llegada, las personas que puedan necesitar protección deben tener la oportunidad de presentar su solicitud y que sea estudiada de forma justa”, añadió Mijatovic.
Preocupación ante el proyecto
Más allá del acceso a la protección internacional, la carta remarca otras medidas incluidas en la ley que causan “serias dudas” respecto a la capacidad del Reino Unido de determinar el riesgo de exposición a violaciones de derechos humanos de los demandantes de asilo.
Según la comisaria, el proyecto de ley carece de definiciones claras respecto a conceptos como “riesgo real de daño serio e irreversible”, elemento necesario para que se dé una protección internacional.
Además, el proyecto de ley contra la inmigración ilegal prohibiría a los tribunales británicos interpretar sus disposiciones en línea con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), según la carta.
Si la legislación fuese aprobada, se excluiría a la mayoría de víctimas de tráfico de personas de la protección internacional necesaria bajo la normativa internacional contra la esclavitud moderna, dado que habrían entrado de forma ilegal al territorio británico.
A su vez, los migrantes podrían ser detenidos prácticamente de forma indefinida si el gobierno lo considera razonable, sin que se pueda impugnar judicialmente su arresto durante los primeros 28 días.
“Desde mi punto de vista, estas disposiciones causan serios problemas bajo el CEDH y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el derecho a la libertad y seguridad”, aseveró la comisaria, que resaltó su preocupación respecto a la posible detención de menores.
Limitaciones para apelar
A ello se suman múltiples limitaciones a realizar apelaciones por parte de los individuos afectados, que hará permanentes muchas de las expulsiones.
“Al excluirlos permanentemente de los procedimientos de asilo o formas de regularizar su estatus, la ley dejaría a un gran número de personas en un limbo legal”, afirmó Mjatovic.
“El proyecto de ley apenas habla de rutas legales y seguras”, continuó la comisaria, “me preocupa que el Gobierno se haya comprometido a expandirlas únicamente después de que haya parado el cruce de embarcaciones” irregulares por el Canal de la Mancha.
Por todo ello, Mjatovic calificó de “esencial” que los miembros del Parlamento británico rechacen el proyecto de ley, “que es incompatible con las obligaciones internacionales del Reino Unido”.
