La Corte Suprema dio visto bueno al proyecto que está en el Senado y que permitiría modificar ciertos numerales del código orgánico de tribunales, que actualmente impide a personas no videntes, sordas y mudas, puedan ejercer los cargos de juez o notario.

De acuerdo al director regional del Senadis, Marcelo Campos, el que el poder Judicial apruebe medidas de inclusión social como estas, son una muestra de las políticas que se están implementando.

Sin embargo, en materia de educación superior, Campos comentó que todavía existen bajos índices de ingreso y egreso de personas con capacidades especiales en estas casas de estudios.

Por ejemplo, según el Informe Discapacidad del Casen del 2011, el 14% de las personas con discapacidad tienen educación superior, mientras que sólo un 4,8% completa sus estudios. Además de esto, el promedio de años de estudios en personas con capacidades distintas de entre 15 y 29 años es de 7,4 años.