La serie de manifestaciones realizadas por universitarios y segundarios a lo largo del país tiene una motivación fundamental que, entre otras cosas, busca el término del lucro de parte de las universidades privadas.

Para ello se solicitó la creación de una Comisión Especial Investigadora sobre el funcionamiento de la educación superior, la que fue rechazada por la Cámara de Diputados. Esto refleja el nulo apoyo que tiene esta iniciativa entre los parlamentarios, porque se requería sólo 2 quintos de la votación. Y pese a que la solicitud fue presentada con la firma de 56 diputados de la oposición, en sala sólo hubo 38 votos a favor, uno en contra y 20 abstenciones, cuando necesitaba reunir un mínimo de 48 parlamentarios.

Una situación que no les sorprende a los estudiantes,como lo indicó Patricio Contreras, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos.

Una apreciación que comparte la presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios de Osorno, Paulina Cárcamo, quien señaló que los parlamentarios muestran su inconsecuencia al no apoyar el proyecto.

El desglose del compromiso de las diferentes esferas políticas indica claramente que Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente están en desacuerdo con que se investigue el lucro de las universidades, puesto que 19 de sus parlamentarios se abstuvieron en la votación. Mientras que en la Concertación 38 parlamentarios votaron a favor de la
indagación, lo cual no fue suficiente, ya que 21 parlamentarios de la oposición no se presentaron en sala, lo cual truncó la iniciativa.

A esto se suma el voto en contra del independiente Roberto Delmastro, además de la inasistencia del parlamentario comunista Hugo Gutiérrez y del presidente del Partido Socialista Osvaldo Andrade.

La presentación del proyecto fue formalizado por el jefe de bancada de los diputados del PS, Alfonso De Urresti, junto a Juan Luis Castro y Manuel Monsalve, los mismos que no asistieron a la votación anterior y que impidieron que prosperara la Comisión Especial Investigadora.

Frente a este tipo de inconsistencia surge la duda de quién tiene la responsabilidad de regular el lucro de las universidades privadas. Será el ministro de Educación Joaquín Lavín, quien reconoció haber lucrado con este sistema, serán los políticos que no asisten a las votaciones, o serán los mismos estudiantes que continúan manifestándose en las calles.