3 nuevas acciones judiciales interponen funcionarios públicos desvinculados del Gobierno Regional en Valparaíso. Ex profesionales del Conace y de las secretarías regionales ministeriales de Planificación y Gobierno fueron quienes presentaron recursos de protección y acusan despidos injustificados.
Luis Carrasco, psicólogo que se desempeñaba en el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, y Mario Antonio San Martín, quien trabajaba en la Secretaría Regional Ministerial de Planificación, acudieron hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso para interponer recursos de protección por lo que califican como despidos injustificados y claramente gatillados por razones políticas.
Ambos fueron desvinculados durante la nueva gestión del Gobierno Regional, pero ahora por medio de estas acciones judiciales buscan que se les reintegre a sus labores. Según el abogado de estos profesionales, Alejandro Chaparro, estos despidos carecen de sustento legal.
A Mario Antonio San Martín le preocupa el destino de un estudio que encabezaba, de la encuesta Casen, sobre las condiciones de vida y relaciones familiares en el pueblo Rapa Nui. Investigación que, según comentó, fue suspendida.
El psicólogo Luis Carrasco, quien se desempeñó como asesor clínico y supervisor de los programas Conace a nivel regional, aseguró que hubo poca claridad cuando se le comunicó el cese de sus funciones.
Carrasco presentó el recurso de protección contra el intendente Raúl Celis. Mientras tanto, San Martín interpuso la acción judicial contra el seremi de Planificación Tomás Ochoa.
En el mismo tribunal de alzada, Jaime Cordero, funcionario despedido de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, encabezada por María Angélica Silva, interpuso otro recurso de protección por su desvinculación. Patrocinado por el abogado Mario Aguirre, Cordero también acusa hostigamientos y acoso laboral que incluso lo llevaron a solicitar una licencia siquiátrica por el alto nivel de estrés.
