Violencia en La Araucanía: ¿Qué pasa con los niños mapuches y el protocolo de Carabineros?

“Limpia el piso india concha tu madre o sino querís que te pegue”. Este es parte del relato de una menor de 12 años que denunció en La Araucanía a funcionarios de Carabineros de haberla maltratado verbal y físicamente.

Su testimonio – que ahora está en la justicia – debería haber generado un escándalo de proporciones a nivel político y social en el país, pero esto no sucedió como ha ocurrido en los últimos años. El relato corresponde a una menor mapuche que en diciembre de 2013 fue detenida junto a su padre por carabineros, quienes tras acusarlos de desórdenes públicos, los trasladaron a dependencias de la Prefectura Malleco en Angol donde se cometieron los hechos investigados como delitos de tortura contra un menor de edad.

La menor, identificada con las iniciales B.C.L, narró paso a paso los apremios que sufrió a manos de los funcionarios uniformados, indicando que fue amenazada, golpeada e intimidada, hasta que incluso terminó con un sangrado en su nariz. “Me estaba empezando a entrar a la boca y escupí en el piso”.

“Yo tenía un confort escondido con sangre para mostrárselo a mi mami, entonces él (carabinero) me pilló el confort y me dijo ‘limpia con eso india cochina o querís que te pegue’, y ahí yo tuve que limpiar el piso y no quedó tan limpio, y me dijo, límpialo bien india conche su madre que quede brillante”, antes de volver a amenazarla con golpearla.

Este caso fue la primera querella criminal presentada por el Instituto de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría Penal Pública, por un hecho donde aparece afectada una niña mapuche. La acción fue presentada en contra de los funcionarios de Carabineros que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores por el delito de torturas.

Han pasado 5 años del hecho y aún la investigación continúa abierta y desformalizada. A los involucrados que realizaron la denuncia se les tomó una declaración por el fiscal del Ministerio Público en abril de 2018, pero actualmente no se ha informado la realización de nuevas diligencias.

Pero según los registros, este no es el único caso donde se denuncia violencia contra niños mapuches. Según cifras proporcionadas por el INDH, desde 2011 hasta marzo del presente año, se han presentado 22 recursos de amparo en favor de niños, niñas y adolescentes mapuches en La Araucanía, de un total de 58 amparos por violencia policial.

De los amparos presentados en favor de los menores de edad, en 16 casos se confirmó el uso ilegal, irracional y no proporcional de la fuerza.

El organismo indicó que estos números dan cuenta de que en la región de La Araucanía se vive una situación especial de violencia contra los niños mapuches. Aseguran estar preocupados, ya que la mayoría de estos hechos ocurren bajo procedimientos policiales.

Por otra parte, de acuerdo a cifras entregadas por la Fiscalía, actualmente hay 207 causas vigentes por casos de delitos de tormentos, apremios ilegítimos o tortura, presuntamente cometidos por agentes del Estado en contra de civiles. De estas, 49 corresponden a menores de edad (18%) y 228 son de adultos (82%).

Números que se contraponen con lo expresado por el INDH, ya que según el Ministerio Público, del universo de delitos que investiga la unidad de DDHH no es significativo.

A pesar de ello, sí reconocen que han ocurrido algunos casos donde se le ha ordenado a Carabineros dar cumplimiento a los protocolos de actuación, en norma de la Constitución Política y la Convención de Derechos del Niño.

En marzo de este año se realizaron algunas modificaciones al documento “Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público”.

Entonces, con estos antecedentes nos hacemos la pregunta: ¿Existen casos sistemáticos de vulneración de derechos a niños mapuches durante procedimientos policiales? ¿Carabineros de Chile cumple con los protocolos de actuación? En BioBioChile investigamos y ésta fue la respuesta que obtuvimos.

La historia

En la región de La Araucanía, las comunidades indígenas tienen una extensa historia por la recuperación de tierras, que -aseguran- fueron despojadas por la fuerza durante el proceso de colonización que realizó el Estado. Y esta reivindicación, con el paso de las décadas, ha entrado en conflicto con la explotación forestal y la industria agrícola.

A pesar de ello, este crecimiento industrial no ha llegado a todos los hogares. Según un informe del Gobierno que se entregó en 2018, La Araucanía tiene la cifra más alta a nivel nacional de “pobreza multidimensional”. Esto quiere decir que la zona presenta carencias en educación, salud, seguridad social, trabajo y vivienda.

Esto se suma a que es una de las regiones con mayor población indígena, lo que la hace doblemente vulnerable. De acuerdo al Censo realizado en 2017, La Araucanía tiene el segundo puesto (con un 35,7%) de las tres regiones con mayor porcentaje de personas que se consideran pertenecientes a una etnia.

Pero eso no es todo. Debido al conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, en los últimos años se ha visto un incremento de tomas de predios privados, barricadas, marchas que terminan en desórdenes o en enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros, ataques incendiarios, personas heridas e incluso muertes tanto de civiles como de mapuches.

Ante esta situación, el Estado decidió aumentar la seguridad en la zona, ampliando el contingente policial, incrementando las cámaras de televigilancia y una serie de medidas para disminuir la violencia.

Por este motivo, el presidente Sebastián Piñera anunció el 23 de marzo de 2018, el Acuerdo de Desarrollo y Paz para La Araucanía que incluye tres ejes: la implementación del Plan Impulso Araucanía (que busca la promoción y desarrollo económico para la región), el reconocimiento de los pueblos originarios y la formación de instancias de diálogo.

Sin embargo, esta iniciativa ha generado grandes polémicas, en especial, después del asesinato de Camilo Catrillanca, comunero mapuche abatido durante un operativo del denominado “Comando Jungla” de Carabineros.

Denuncias por violencia

Pero la historia de la menor de 12 años en la Prefectura Malleco de Carabineros no es la única. También se suman otros testimonios de menores. Uno de ellos es de D.A.M.M. de 11 años, quien el 1 de noviembre de 2013 recibió el impacto en su cuerpo de dos perdigones disparados por uniformados.

Menor que indicó en su relato que: “Estábamos jugando más allasito del huerto, en el patio de la casa de mi abuelita, (…) era un partío entre primos, después estábamos descansando, estábamos sentados, justito llegaron ahí, no nos dimos cuenta cuando entraron, nos dispararon como a unos dos metros, eso pasó como a los ocho serían, estaba entrando el sol” (sic).

El menor agregó que ese momento se puso de pie y les preguntó que hacen en la casa de su abuelos. Él agregó que andaban en el campo tres “zorrillos” y más una camioneta policial que identificó como “cuca”.

El INDH presentó un recurso de amparo, que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Temuco. La sentencia fue apelada por la recurrida, sin embargo, se desistió del recurso ante la Corte Suprema.

Desde 2011 hasta la fecha, la Defensoría Penal Pública y el Instituto de Derechos Humanos en La Araucanía han interpuesto distintas acciones judiciales en favor de niños, niñas y adolescentes indígenas que han sido afectados por situaciones de vulneración a los derechos humanos.

La mayoría de estas vulneraciones denunciadas ocurren en el contexto de procedimientos que implican el ingreso por la fuerza de las policías (Carabineros o Policía de Investigaciones), es decir, en allanamientos, órdenes de detención, desalojos o marchas.

Situaciones que, según han constatado los tribunales, atentan contra los derechos que no sólo consagra la ley, sino que también la Constitución Política, la Convención de los Derechos del Niño y distintos tratados internacionales.

Al respecto, el defensor penal juvenil, Luis Acuña Tapia, indicó que la Defensoría Penal Pública, a través de la Defensoría Penal Mapuche, fue la primera institución en interponer en 2011 un recurso de amparo en favor de un menor de edad, que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Temuco y posteriormente confirmado por la Corte Suprema.

Este hecho marcó un precedente, ya que cambió la manera de proceder tanto de la Defensoría como de otras instituciones en este tipo de casos.

“En muchos casos se produce una conducta no sólo vulneratoria sino que discriminatoria, que genera consecuencias que no sólo son a corto plazo, sino que también a largo plazo. Los integrantes del área de la salud han detectado que los niños continúan con las secuelas producto de la afectación de su integridad psicológica por mucho tiempo”, indicó.

Asimismo, el profesional agregó: “Lamentablemente uno pudiese presumir que la autoridad central no vislumbra esto como un problema, lo que es grave, ya que el problema existe, las vulneraciones existen, están constatadas no sólo por los tribunales de justicia, sino que también por profesionales de salud”.

Para frenar esta situación, en 2011 se instauró un convenio tácito para la infancia, el cual tiene como objetivo generar coordinación de articulación de actores públicos y privados para la prevención, protección y reparación de la vulneración de derechos de los menores.

En la mesa participaba el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Fundación Instituto Indígena, la Asociación Mapuche para la Salud Makewe Pelale, el Servicio Nacional de Menores y la Defensoría Penal Pública.

En marzo de este año se actualizó este convenio, sumando la actuación de la defensora de la Niñez, para ejercer las acciones legales que correspondan.

Al respecto, la defensora Patricia Muñoz aseguró que como mesa están trabajando de manera permanente y que su objetivo es que “se ejerzan las acciones legales que correspondan, para lograr la restitución de sus derechos y la sanción de los responsables, para evitar que estas acciones se sigan produciendo”.

En respuesta a estas acusaciones, Carabineros de Chile no descartó que hayan casos por vulneración a personas, niños, niñas o adolescentes de pueblos indígenas. Sin embargo, aseguró que las denuncias realizadas por estos hechos son bastante menores en proporción al total de procedimientos diarios que realizan a nivel nacional o en una región en particular.

De hecho, aseguran que ellos están dispuestos a recibir denuncias, “si estas se realizan de manera seria”. ¿Es así? ¿Qué dice la Fiscalía al respecto? ¿Las vulneraciones ocurren de manera sistemática?

Las cifras no serían significativas

En 2017, el Ministerio Público implementó una Unidad de Derechos Humanos en La Araucanía, con el objetivo de abordar situaciones de violencia -que son constitutivas de delitos- de agentes del Estado (policías, gendarmes, funcionarios públicos, fiscales, entre otros) que afectan a personas en situación de vulnerabilidad por su edad, pertinencia a un pueblo originario, u otras. Hasta la fecha, es la primera y única unidad operativa implementada en el país.

Durante 2018 se ingresaron 310 casos por delitos de tormentos, apremios ilegítimos o tortura, presuntamente cometidos por agentes del Estado en contra de civiles. Desde enero al 31 de julio de este año, van ingresadas 197 causas.

Actualmente hay 207 causas que están vigentes, es decir, que están abiertas. De estas, 49 corresponden a menores de edad (un 18%) y 228 son adultos (82%).

Eso sí, no todos los casos de vulneración de derechos o recursos interpuestos por el INDH se han trasformado en una investigación criminal.

Según datos manejados por la Fiscalía, del universo de delitos que investiga la unidad de DDHH, las víctimas menores de 18 años son mucho menos de la mitad, lo que no sería una cifra lo suficientemente fuerte.

Incluso al interior de la entidad hay ciertas críticas hacia la Defensoría Penal Pública, porque muchas veces utilizarían el concepto de vulneración como un argumento de defensa, sin embargo, no harían las denuncias.

Pese a las cifras, sí se han visto casos notorios que han afectado a adolescentes mapuches, como el de Brandon Hernández Huentecol (adolescente que recibió más de 100 perdigones en el cuerpo) y el menor que acompañaba a Camilo Catrillanca, entre otros.

¿Se cumple el protocolo?

Si bien muchas autoridades califican como un avance las nuevas modificaciones de los protocolos de actuación de Carabineros, otras aseguran que son cambios que sólo quedan en papel y no solucionan el problema de fondo.

El defensor penal juvenil, Luis Acuña Tapia, calificó esta nueva regulación como algo positivo, sin embargo, aseguró que en la práctica no se cumple ya que siguen ocurriendo vulneraciones a los derechos humanos de niños mapuches.

“Hemos constatado como Defensoría Penal Pública que no se cumple. En el papel hay una especie de regulación, desde marzo de 2019, pero que tampoco es cumplida a cabalidad por los funcionarios policiales en los procedimientos”, señaló.

Acuña también agregó que: “Por más irrelevante que sea un procedimiento policial en algunas comunidades o en marchas, siempre hay una vulneración”.

Al respecto, la Subsecretaría del Interior señaló que se está realizando una revisión constante de los procedimientos policiales y que los comentarios realizados por el Cosoc del Ministerio del Interior y Seguridad Pública respecto al protocolo, fueron entregados a Carabineros.

De hecho, el Gobierno aseguró que Carabineros de Chile ya entregó un informe estadístico correspondiente al primer semestre de este año, donde se da cuenta del desempeño de sus funciones en razón de los documentos mencionados.

Sin embargo, desde la institución policial indicaron que “es muy temprano para realizar un balance”.

Por otra parte, Carabineros aseveró que una vez realizada la actualización de los protocolos, comenzó un intenso plan de capacitación y entrega de instrucción a los funcionarios: “ En especial, a quienes participan en el mantenimiento del orden público (Fuerzas Especiales), para que la actualización de los protocolos fuera incorporada de inmediato a los procedimientos policiales que llevan a cabo”.

Además, la institución aseguró que entre el 19 y 23 de agosto pasados, en La Araucanía realizaron una capacitación a todos los funcionarios que conforman las 11 Patrullas de Atención a las Comunidades Indígenas (PACI).

Según indicaron, en la instancia no sólo se reforzaron los contenidos del protocolo, sino que también se impartieron clases del INDH, la Defensoría de la Niñez, la Universidad de la Frontera y la Conadi.

Al respecto, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, aseguró: “Nosotros siempre esperamos que lo que se hace en entrega de informaciones y de capacitación sea debidamente internalizado por los funcionarios policiales, desafortunadamente, no sólo en La Araucanía y en otras partes del país, se observa que esto no ha tenido un impacto que nos permita decir que la existencia de vulneraciones dejaron de producirse”.

¿Qué dice el Gobierno?

La Subsecretaría del Interior no se refirió a las denuncias por violencia hacia los niños mapuches y las acusaciones contra Carabineros, pero sí entregó un documento con el balance de las medidas de seguridad anunciadas el año pasado para la región de La Araucanía. Esta propuesta fue entregada a fines del año pasado, luego de los incidentes producidos tras el homicidio del comunero mapuche, Camilo Catrillanca.

El informe señala que 80 funcionarios del GOPE fueron redistribuidos en unidades territoriales (comisarías y subcomisarías), se reestructuró la distribución de cuatro comisarías de Fuerzas Especiales de la Zona Araucanía Control de Orden Público (ZACOP) y se está construyendo una Central de Monitoreo en Pailahueque, que entrará en funcionamiento con el monitoreo de 48 cámaras de seguridad.

Por otro lado, el escrito indica que el 29 de marzo de 2019, se elevó la calidad de Dirección Nacional a la anterior unidad de DDHH de Carabineros. Ésta tiene sede en Santiago, y cuenta con oficinas en Antofagasta y Temuco.

En relación al programa de capacitación permanente, desde la subsecretaría indicaron que el primer semestre de este año, el Ministerio Público capacitó a un total de casi 400 funcionarios policiales en la Macrozona Norte, Centro y Sur.

BioBioChile intentó contactarse con el intendente de La Araucanía, Jorge Atton, pero él no quiso referirse a ninguno de los temas tratados en este reportaje.

El protocolo de Carabineros

“Se ordena a la Prefectura de Carabineros Malleco efectuar los procedimientos policiales con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, y a los protocolos de actuación que Carabineros de Chile ha adecuado a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales ratificados y vigentes que contienen normas sobre derechos esenciales, especialmente a lo dispuesto en la Convención de Derechos del Niño”. Esta es una de las resoluciones que entrega la Corte de Apelaciones tras la presentación de recursos de amparo interpuestos por el INDH.

A raíz de esto, el defensor penal juvenil, Luis Acuña, señaló que la presentación del primer recurso de amparo vislumbró la falta de un protocolo o procedimiento específico que regule el accionar de funcionarios policiales.

“Nosotros creemos que falta una regulación más específica enfocada en niños, niñas y adolescentes mapuches, considerando la realidad regional”, aseveró.

Considerando la cantidad de denuncias interpuestas por este tipo de casos, ¿Carabineros ha cumplido con estas recomendaciones?

Tras el caso de Alex Lemún, el 9 de marzo de 2018 se suscribió un Acuerdo de Cumplimiento de las Recomendaciones, efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue firmado en representación del Estado por los ministros de Interior y Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Desarrollo Social y Carabineros.

En el acuerdo se expresan una serie de garantías de no repetición, que incluye aprobar antes del 11 de marzo de 2018, un Decreto Presidencial que establece los lineamientos sobre el uso de la fuerza en conformidad con los estándares internacionales sobre derechos humanos en esta materia.

Este decreto debía contener el mandato de revisar los protocolos de Carabineros a la luz de los estándares de derechos humanos, incluyendo a la sociedad civil y al INDH en el proceso de revisión. También mandar a reportar estadísticas relativas al uso de la fuerza y episodios violentos, las que deberán ser publicadas anualmente.

Según el INDH, ellos no fueron incluidos en el proceso de revisión de los protocolos de Carabineros, limitándose a informar sobre ellos. Pero sí reconocieron que se incorporaron algunas de las recomendaciones.

La actualización de este documento, titulado como “Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público”, que regula la instrucción sobre el uso de la fuerza, fue publicado el 4 de marzo de 2019 en el Diario Oficial y cita a algunas normas internacionales de derechos humanos.

Carabineros de Chile indicó que en el trabajo se recibieron sugerencias del INDH y la Defensoría de la Niñez: “Pudieron acceder a él en su etapa de elaboración para realizar sus observaciones e incorporar aquellos contenidos que fueran pertinentes”.

Esta información también fue confirmada por la Subsecretaría del Interior, quienes aseguraron que el documento fue trabajado en mesas interinstitucionales entre Carabineros, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el INDH, la Defensoría de la Niñez, entre otros.

Algunas instituciones como la Defensoría Penal Pública, Defensoría de la Niñez y INDH evaluaron como positiva la modificación, sin embargo, aseguraron que no abarca a todas las solicitudes.

Por ejemplo, desde el INDH aseguran que el documento no se refiere explícitamente a los allanamientos de comunidades. Sólo hay un protocolo general para el desalojo de ocupaciones o usurpaciones de inmuebles (N° 3.1), que no incluye acciones específicas en los casos en que en las ocupaciones estén involucradas personas pertenecientes a comunidades indígenas.

En el mismo punto, dentro de la etapa de apreciación de situación, tampoco se incluye la variable “pertenencia a comunidad indígena” en la identificación de las y los ocupantes.

Respecto al punto sobre la privación de libertad de niños, niñas y adolescentes (N° 4.3), hay un acápite sobre niños, niñas y adolescentes pertenecientes a pueblos originarios.

En comparación con los protocolos de 2014, en los actuales se incorporaron dos elementos que el INDH valora de manera positiva:

El primero tiene que ver con algunos procedimientos: “Considerar que en algunas comunidades indígenas, los niños, niñas y adolescentes están presentes junto a los adultos en todas las actividades de la vida cotidiana, por lo que el personal de Carabineros ante procedimientos policiales con presencia de niños, niñas y adolescentes, debe ponderar esta situación antes de adoptar un procedimiento por vulneración de derechos (cosmovisión indígena)”.

El segundo con el lenguaje para comunicar derechos y asistencia: “En el ejercicio de la función policial, se podrá requerir la asistencia de la P.A.C.I (Patrullas de Atención a Comunidades Indígenas) de cada región, con el objeto de facilitar la comunicación en el idioma propio de la etnia correspondiente”.

Pese a ello, el instituto indicó que en su oportunidad explicó a Carabineros, que la consideración de la cosmovisión indígena y de la posición de los niños y niñas en ella debiera regir para todo efecto (de acuerdo al Convenio 182 de OIT), y no estar limitada a la posible adopción de procedimientos por vulneración de derechos.

Por otra parte, en los puntos relativos a trabajo infantil y relativismo cultural, el protocolo expresa: “En algunas comunidades indígenas, el trabajo infantil no se considera explotación infantil, como causal de vulneración”.

Al respecto, el INDH señaló a Carabineros que dicha afirmación es cuestionable, pues hay que considerar que han existido en Chile casos recientes de trata impropia en que la justicia ha descartado el argumento del relativismo cultural, señalando que hay formas de trabajo que están prohibidas para todos los niños, niñas y adolescentes y que no pueden ser validadas por la pertenencia a una etnia.

Las consecuencias que no son visibles

“…Cuando iba con los niños en el furgón, estaba el ‘zorrillo’ estacionado al medio del camino, yo me bajo para hacerle la consulta de que pasaba porque le dije que iba con los niños de la comunidad, no me dijeron nada, sólo que le pregunté al capitán que está más adelante, pero los ‘zorrillos’ que estaban más adelante no me dejaron pasar. El camino era muy angosto y no se movieron, yo le hacía cambios de luces porque iba con los niños…. Ahí me quedé detenido, incluso vimos cuando empezaron a tirar las lacrimógenas, las vimos y las sufrimos harto; incluso cerramos todos los vidrios por el olor pero entró igual, sufrieron harto los niños… detenidos estuvimos aproximadamente 10 minutos …. Cuando estaba estacionado empezaron las lacrimógenas. Algunos niños estaban sufriendo y me decían tío porqué no avanzamos, y es que yo no podía avanzar más porque el camino estaba atajado, yo no podía avanzar ni para adelante ni para atrás porque atrás también había ‘zorrillos’ y yo estaba al medio … los niños se me estaban desesperando algunos, ‘tío está entrando el humo pa’ adentro, está entrando el humo pa’ adentro, avancemos, avancemos’, y lo único que yo decía es que no puedo pasar más allá … algunos niños estaban llorando, me decían ‘tío, me duelen los ojos’ …” (sic). Este es el relato de Reinaldo, conductor de un furgón escolar que trasportaba a 10 niños (de entre 4 y 10 años) de una comunidad indígena. Ellos resultaron afectados por el humo de las lacrimógenas utilizadas por Carabineros, a metros de la Escuela Municipal G-816 de Temucuicui.

El INDH interpuso un recurso de amparo y este fue acogido por la Corte de Apelaciones de Temuco indicando que:

La sentencia que se ha referido fue apelada por la recurrida, sin embargo, ante la Corte Suprema se presentó un desistimiento del recurso de apelación.

Son muchos los cuestionamientos que surgen tras las denuncias por vulneraciones de derechos contra niños mapuches. Lo cierto es que informes psicológicos, utilizados en audiencias, han demostrado que durante un operativo policial en comunidades indígenas, los menores de edad son los más afectados.

Y no es por la violencia física, sino que por las secuelas psicológicas que trae presenciar este tipo de procedimientos.

Esta realidad fue confirmada por el Hospital Intercultural Makewe, que está a cargo de la Asociación Indígena para la Salud Maquehue-Pelale”, la cual tiene por objetivo brindar asistencia en salud a víctimas de violencia en comunidades mapuches.

El encargado de gestión institucional y de la Unidad de Personal y Gestión, Denis Padilla, aseguró que tanto niños como adultos sufren afectaciones tras ser sometidos a vulneraciones.

“Si bien los niños son los que se ven afectados más visiblemente, los adultos también se ven afectados en todo lo que es sus emociones y relaciones, aunque traten de no demostrarlo por intentar mantener la salud de los niños”, indicó.

Ante estas situaciones, el recinto debe implementar acciones de intervención psicosocial dirigidas a la superación de traumas y daños en niños, niñas y adolescentes mapuches, producto de la vulneración de sus derechos. Sin embargo, Padilla aseguró que estas reparaciones no siempre tienen la eficacia que se desea.

“Las comunidades sienten desconfianza frente a que es el propio Estado que vulnera y, por otra parte, es el propio Estado que restituye sus derechos a través de la orden de un tribunal”, señaló Padilla.

Asimismo, el profesional realizó una crítica sobre esta situación: “No hay un trabajo con pertinencia cultural para poder generar esa reparación y tampoco están las confianzas como para decir que esto no va a volver a ocurrir”.

Justamente para que estos eventos no vuelvan ocurrir, la Mesa Regional de la Infancia Mapuche está trabajando de forma permanente y en colaboración con distintas instituciones para brindar protección y seguridad a los niños mapuches que han resultados afectados por la violencia en La Araucanía.

A continuación puedes revisar los documentos proporcionados por Carabineros de Chile: