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Detrás de cada discusión presupuestaria existe una pregunta mucho más importante que cuánto dinero gastará el Estado: ¿qué estamos haciendo para mejorar concretamente la vida de los chilenos? Porque detrás de las cifras hay familias que esperan una vivienda, padres que quieren vivir sin miedo, jóvenes que buscan trabajo y adultos mayores que necesitan certezas.
Chile necesita recuperar una forma de entender la política presupuestaria que, a nuestro juicio, debe descansar sobre tres principios fundamentales: empatía, seriedad y coraje.
Primero, empatía. Porque gobernar supone comprender las urgencias reales de las personas y actuar en consecuencia.
Por eso es relevante que este presupuesto aumente en un 9,1% los recursos destinados a seguridad, fortalezca la formación de nuevos carabineros y prácticamente duplique los recursos destinados a combatir el crimen organizado. También que incremente los recursos para la niñez, refuerce la educación parvularia y contemple nuevas soluciones habitacionales. Son prioridades que responden a las preocupaciones cotidianas de millones de chilenos.
Pero la empatía, para ser auténtica, debe ir acompañada de un segundo principio: la seriedad.
Durante demasiado tiempo hemos confundido sensibilidad social con la dinámica de anunciar nuevos programas, multiplicar beneficios y aumentar el gasto público. Sin embargo, pocas cosas son más irresponsables que prometer derechos sin asegurar su financiamiento, lucrando políticamente con las expectativas y los anhelos de las personas.
Hay una diferencia radical entre garantizar derechos sociales y ofrecer promesas sociales. Porque cuando las cuentas dejan de cuadrar, quienes primero pagan las consecuencias son precisamente las personas más vulnerables. Mirar para el techo cuando se sabe que algo no está cumpliendo su objetivo y se está malgastando es corrupción por omisión.
En este sentido, que el gasto público crezca un 1,5% real constituye una oportunidad para demostrar que es posible concentrar los recursos en las verdaderas prioridades, evaluar los programas existentes y terminar con la lógica de que todo gasto público, por el solo hecho de existir, merece perpetuarse. Un Estado social responsable no es aquel que más promete, sino aquel que cumple sus compromisos y puede sostenerlos en el tiempo.
Finalmente, necesitamos coraje. Porque gobernar no consiste solamente en anunciar aquello que genera aplausos. También supone tomar decisiones difíciles, enfrentar intereses corporativos, revisar programas que no funcionan y tener la valentía de decir que no.
Por supuesto, eso exige distinguir entre gastos prescindibles y compromisos sociales que deben protegerse. Las preocupaciones sobre programas como las Becas TIC o el financiamiento de tratamientos de alto costo merecen respuestas concretas y una revisión responsable, tendiendo a su mejoramiento.
Pero tampoco podemos seguir aceptando que cada intento por ordenar las cuentas públicas sea presentado como un atentado contra los derechos sociales. Esa caricatura le hace un profundo daño al país. Resulta especialmente contradictorio que algunos exijan responsabilidad fiscal en sus discursos, pero se resistan a cualquier esfuerzo concreto por hacer más efectivo el gasto. La verdadera responsabilidad política comienza cuando somos capaces de aplicar nuestros principios incluso cuando las decisiones resultan impopulares.
Chile necesita abandonar la falsa dicotomía entre responsabilidad fiscal y sensibilidad social. No son conceptos contrapuestos. Por el contrario, sin responsabilidad fiscal, las promesas sociales terminan convirtiéndose en frustraciones; y sin sensibilidad social, la responsabilidad fiscal pierde su sentido.
El Presupuesto 2027 ofrece una oportunidad para avanzar en esa dirección. Pero esa tarea exige abandonar las consignas fáciles y asumir que los recursos públicos son limitados, mientras que las necesidades siempre serán mayores.
La política recuperará su credibilidad cuando sea capaz de combinar empatía para comprender las urgencias, seriedad para cuidar los recursos y coraje para elegir las prioridades.
Agustín Romero
Diputado de la República (Partido Republicano)Jaime Coloma
Diputado de la República (Unión Demócrata Independiente)Diego Schalper
Diputado de la República (Renovación Nacional)Integrantes de la Comisión de Hacienda.
