Este lunes volvió a fracasar la audiencia de preparación de juicio oral (APJO) contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, luego de que se inhabilitara un segundo juez en un periodo de menos de dos semanas. La causa la asumirá una nueva magistrada.
En esta ocasión la Defensoría Penal Pública solicitó la inhabilitación del juez de garantía Hugo Torres, invocando una causal de implicancia que comprometería su imparcialidad, petición a la cual se opusieron la propia Fiscalía, la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Dicha solicitud se fundamentó en dos decisiones previas del magistrado: un pronunciamiento sobre la legitimación activa del municipio de Maipú y haber dictado una sentencia condenatoria respecto de cuatro imputados en procedimientos abreviados, resoluciones en las que habría mencionado en al menos 20 ocasiones a Barriga.
Finalmente, el magistrado acogió la petición y se declaró inhabilitado.
El anterior fracaso de la audiencia de preparación de juicio contra Barriga
Es importante recordar que hace solo 12 días también se suspendió la preparación del juicio contra la excaldesa, luego de que se inhabilitara el juez Carlos Silva.
Esta determinación se produjo tras la presentación de una recusación amistosa del municipio de Maipú, a la que se sumaron la Fiscalía Oriente y el CDE.
El argumento de este recurso fue la cercanía del magistrado con los abogados Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona. Ellos representan a Joaquín Lavín León, marido de Barriga, en una indagatoria por corrupción que precisamente nace de la investigación a la exjefa comunal de Maipú. Además, ambos profesionales representaron a la propia Barriga.
Silva, quien ya se había inhabilitado el mismo causa en 2024 por las cercanía con los abogados, reconoció en la audiencia del pasado 7 de octubre que mantiene una amistad de 15 años con Barahona y que ambos abogados lo representaron en causas particulares.
Debido a lo anterior, la jueza Constanza Estay tomará la APJO a las 13:30 horas de esta jornada, en el marco de la causa en la que se investigó a la exalcaldesa de Maipú por presuntos delitos reiterados de fraude al fisco, falsificación de instrumentos públicos y uso de instrumento público falsificado, además malversación de caudales públicos y negociación incompatible, ilícitos por los que el Ministerio Público solicita 23 años de cárcel.
Enviando corrección, espere un momento...
