El 7° Tribunal en lo Penal de Santiago condenó a los 17 acusados del denominado megafraude a Fonasa, cuyo monto se tradujo en un perjuicio de $31.571.798.643 y cuyo líder, junto con su pareja, recibieron penas que suman más de 37 años de cárcel.
Cabe recordar que la formalización de la investigación se remonta a diciembre de 2022, la cual se extendió hasta abril de 2024. En esta última fecha se cerró la indagatoria y se acusó a las 17 personas condenadas esta jornada. Entre ellas, nueve médicos extranjeros que viajaron a Chile a constituir centros médicos de fachada para emitir licencias fraudulentas y que ahora deberán cumplir con penas de cárcel.
En la línea de lo anterior, en el marco del juicio oral comenzado en julio de 2025, se reveló que el líder de la red, el ciudadano colombiano Samir Rivaldo, junto con su pareja Yesica Donado, estableció en Chile un sistema con otros colegas -principalmente colombianos- para emitir y cobrar por licencias sin atención médica real.
El cabecilla emitió alrededor de 16.000 licencias falsas, mientras que Donado más de 9.500.
De acuerdo con la investigación, los permisos médicos variaban entre 11, 15, 21 o 30 días de reposo, careciendo de sustento clínico especializado.
Condenas contra el líder y su pareja en caso de megafraude a Fonasa
En lo que se refiere a Rivaldo, este fue sentenciado a 10 años y un día, por fraude de subvenciones; a cinco años por emisión de licencia falsas; tres años por asociación ilícita, y tres años por lavado de activos. A esto se suman multas de más de $2.566 millones, junto con la inhabilitación para cargos públicos y para emitir licencias.
Por su parte, su pareja Yesica Donado fue condenada a 10 años y un día por fraude de subvenciones; cinco años de reclusión por emisión de licencias falsas, 300 días de presidio por asociación ilícita, y otros 300 días por lavado de activos. Igualmente, se suman multas de alrededor de $1.573 millones, además de la inhabilitación para emitir licencias, de sus derechos políticos de forma perpetua y de profesiones titulares durante la condena.
El fiscal Álvaro Pérez, de la Fiscalía Oriente, valoró la condena contra nueve médicos, entre ellas las de Rivaldo, cuyas penas sumaron 21 años. A esto se suman otras sentencias de 16, 15 y 13 años.
Asimismo, el persecutor también aludió a las condenas del resto de acusados.
“No solamente fueron condenados estos médicos, también fueron condenados otras personas que intervinieron en esta estructura criminal relacionada fundamentalmente con captadores y también fueron condenados algunos compradores de licencias médicas que en su oportunidad, por diversas razones, no estuvieron disponibles para algunas salidas alternativas, quisieron ir a juicio. Bueno, también fueron condenados”, declaró el fiscal.
Pérez aclaró además que, si bien todos los médicos fueron sentenciados a penas de cumplimiento efectivo, el resto de los acusados -entre ellos compradores de licencias médicas- fueron condenados a penas de “algo más de 4 años“, por lo que en esos casos se accedió a la pena alternativa de libertad vigilada intensiva.
Por su parte, César Oyarzo, director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), también valoró la sentencia y señaló que están trabajando como institución para evitar tener mayores megafraudes como este tipo.
“Aquí se ha ratificado que comprar y vender licencias médicas es un delito“, acotó. Asimismo, Oyarzo complementó: “Es un daño no solo al a la figura del Estado, sino a los beneficiarios del Fonasa, y eso es lo que siempre hemos reclamado”.
Se evalúa llegar a la Corte Suprema
Según constató Radio Bío Bío, hubo dos juezas en esta causa con cuadernos de remoción: una recusada (Alejandra García) y la que leyó la sentencia de este 31 de agosto (Grace Díaz).
García fue quien procedió a una inhabilidad voluntaria tras la apertura del proceso administrativo en su contra por presuntamente salir del país cuando estaba con licencia médica y previo a que el 7° Tribunal en lo Penal de Santiago rechazara la nulidad del juicio por esa misma razón.
Considerando estos antecedentes, la defensora de Samir Rivaldo, la abogada Doris Espinoza, señaló que analiza llegar a instancias superiores, como la Corte Suprema. A su juicio, se condenó anticipadamente a los acusados debido a su calidad de extranjeros.
“No me parece que sean señales que generen certeza en la población, el hecho (de) que el fundamento de un fallo descanse en políticas criminales o descanse en fallas o carencias de nuestra legislación chilena, además de la característica de ser extranjero“, expresó la jurista.
Además, la representante de líder de la red de licencias falsas añadió: “Para condenar a una persona se tiene que ajustar derechamente a la legislación y no a temas de política criminal, no a temas de mandar una señal a la población o que la sentencia sea ejemplificadora. Cada una de las personas tiene que responder por sus actos y por lo que cometió“.
Otros defensores si ratificaron que llegarán a instancias superiores debio a los cuadernos de remoción de las dos magistradas.