La Corte de Apelaciones rechazó el recurso de reclamación interpuesto por la Municipalidad de Santiago contra la resolución de la Superintendencia de Educación, que sancionó con una multa de 125 UTM (más de $8 millones) al Liceo Miguel de Cervantes y Saavedra Básica por un episodio de bullying que terminó con un niño empalado.
El hecho se remonta al 14 de octubre de 2024, cuando un estudiante de 5° básico sufrió graves lesiones tras ser empujado por un compañero y caer sobre un fierro de la estructura de soporte de un aro de básquetbol. Esto resultó en un empalamiento y lesiones severas, por lo que debió ser hospitalizado y sometido a varias intervenciones quirúrgicas.
Según indica el fallo del tribunal de alzada capitalino, publicado por el Poder Judicial, días después, el 23 de octubre, la madre denunció el hecho ante la Superintendencia de Educación, acusando episodios previos de maltrato escolar sufridos por el alumno, quien tiene la condición de TEA.
El 25 de noviembre de 2024, la Superintendencia de Educación instruyó un procedimiento administrativo sancionatorio.
Jornadas más tarde, el 5 de diciembre, la misma institución formuló cuatro cargos contra el liceo. Así, el 9 de enero, el director regional de la Superintendencia de Educación de la Región Metropolitana aprobó el proceso sancionatorio, confirmó los cargos y aplicó una sanción de 150 UTM (más de $10 millones).
Esto fue apelado por la sostenedora, es decir, la Municipalidad de Santiago, mediante un recurso de reclamación administrativa. La Superintendencia lo acogió parcialmente y rebajó la sanción a 125 UTM.
Corte confirma multa al liceo de Santiago por niño empalado
La Tercera Sala del tribunal de alzada rechazó el recurso de reclamación judicial interpuesto por Paola Marietta Andreoli Biondi, abogada y directora de Asesoría Jurídica (s), en representación del municipio de Santiago, en el que se pedía rebajar la sanción a 51 UTM (más de $3 millones) y la absolución de toda responsabilidad administrativa.
Así, se confirmó la Resolución Exenta N.º 2023/PA/13/0620, del 4 de abril pasado.
La Corte de Apelaciones de Santiago apuntó que el “establecimiento educacional incurrió en diversas contravenciones a la normativa que rige la aplicación de protocolos frente a situaciones de maltrato o acoso escolar, las condiciones de seguridad en sus patios, la garantía de medidas de prevención y seguridad para los estudiantes y la mantención de contratos vigentes del personal asistente de la educación“.
En la resolución se indicó que las deficiencias representan “infracciones calificadas como menos graves o leves“, con excepción de uno de los cuatro cargos formulados, pues lo relacionado con el contrato de una funcionaria inspectora fue “subsanado posteriormente“.
Por lo tanto, el tribunal consideró que “los cargos formulados son precisos y se demostró en el transcurso del sumario que los hechos fundantes de las infracciones estaban justificados al no haber aplicado la normativa vigente”.
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