Después de cuatro años de su muerte, la Fiscalía Oriente decidió no seguir adelante con indagatoria por muerte de Abel Acuña, manifestante que falleció producto de insuficiencia cardíaca en la Plaza Baquedano, en medio del estallido social.
Pasados cuatro años de su muerte, la Fiscalía Oriente confirmó su decisión de no seguir adelante con la investigación respecto al caso de Abel Acuña, joven que falleció producto de insuficiencia cardíaca en el sector de Plaza Baquedano. El hecho sucedió en medio del estallido social.
De acuerdo con el diario El Mercurio, el día 23 de octubre de este año, la fiscal Rosana Folli ingresó una solicitud de audiencia al 8° Juzgado de Garantía de Santiago para comunicar la decisión de no continuar con la causa. “Comunico a US. que esta Fiscalía (…) ha cerrado la presente investigación y ha decidido no perseverar en este procedimiento, por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”, dijo el escrito. El tribunal fijó para el día 8 de marzo de 2024, a las 14:00 la audiencia.
La causa se inició con las indagatorias del Ministerio Público respecto de una eventual interferencia en el auxilio de personal de Samu, causa en la cual se hizo parte el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a través de una querella en “contra de todos quienes resulten responsables” de los delitos de homicidio simple y apremios ilegítimos.
Según la acción del INDH, Carabineros habría lanzado gases lacrimógenos en dirección de los profesionales que trataban de reanimar a Acuña, además de “lanzar agua al lado del lugar en que se prestaba la atención”.
Después de tomar conocimiento del hecho, el entonces general director de Mario Rozas, el entonces general director de Carabineros, afirmó que no era posible “asegurar que la operación de control de orden público que se llevó a cabo haya incidido en el lamentable deceso de este joven”.
Entre las diligencias de la fiscalía, se contó con un informe pericial a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), además de un análisis realizado por el Servicio Médico Legal (SML). Al ser un interviniente, el INDH podría solicitar al tribunal la reapertura de la investigación.
