Los abogados de los carabineros formalizados en medio del estallido social por torturas y abuso sexual en contra del estudiante de Medicina de la Universidad Católica, Josué Maureira, se querellaron contra los fiscales que resulten responsables del delito de obstrucción a la justicia.

Puntualmente, acusan a los persecutores y quienes puedan resultar responsables, de que a sabiendas ocultaron, alteraron o destruyeron antecedentes o documentos que permitan establecer la existencia o inexistencia de un delito.

Esta acción judicial fue interpuesta en el Décimo Juzgado de Garantía de Santiago, y la jueza María Carolina Salinas -quien fue la misma que estuvo a cargo de la formalización de los uniformados-, declaró inadmisible la querella.

Sin embargo, los abogados Agustín Mardones y Gustavo Balmaceda apelaron y la Corte de Apelaciones de San Miguel -en fallo unánime-, revocó la resolución y ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público.

Mardones indicó que “estamos conformes con esta decisión que adoptó el tribunal, toda vez que los antecedentes que esgrimimos en el alegato, están absolutamente demostrados respecto a los delitos que se cometieron por parte de algunos fiscales”.

Dentro de los persecutores que se solicitó que declaren está el propio fiscal nacional, Jorge Abbott, y también a los fiscales Rodrigo Chinchón, Christian Toledo, Paulina Díaz, entre otros.

Por el caso, la Fiscalía Sur mantiene una investigación en la que Maureria es imputado por el delito de robo en lugar no habitado (saqueo), y otra en la que es víctima de la agresión policial que denunció. En esta última causa, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Universidad Católica se querellaron.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)