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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La construcción del Centro de Justicia en Los Ángeles desató una disputa legal entre la empresa Ricardo Rodríguez y la Corporación del Poder Judicial. La constructora acusó ante el Juzgado de Policía Local de Santiago una infracción a leyes relacionadas con el pago de facturas, en particular por un monto de $1.417 millones correspondiente a retenciones por obras ejecutadas en el complejo judicial. La empresa reclama la devolución de estas retenciones, asegurando que la obra está terminada y pendiente de recepción.

La empresa Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda. acusa que la Corporación Administrativa del Poder Judicial rechazó facturar retenciones asociadas a la obra. El monto corresponde a 34 estados de pago y, según el contratista, el proyecto está terminado y sus observaciones fueron subsanadas. La firma judicializó el conflicto ante el Primer Juzgado de Policía Local de Santiago. La audiencia quedó fijada para el 2 de noviembre.

La construcción del Centro de Justicia que reúne a los tribunales de Familia, Laboral y Letras de Los Ángeles derivó en una disputa judicial entre la empresa Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda. y la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).

La constructora interpuso una acción contravencional ante el Primer Juzgado de Policía Local de Santiago, acusando una infracción a las leyes N°18.287 y N°19.983, esta última vinculada al mérito ejecutivo y pago de facturas. El tribunal tuvo por presentada la acción y citó a las partes a una audiencia de conciliación, contestación y prueba para el 2 de noviembre próximo, a las 10:00 horas.

La controversia se concentra en la factura electrónica N°1527596, emitida el 28 de agosto de 2026 por $1.417.411.509. El documento corresponde al canje y devolución de retenciones aplicadas en los estados de pago N°1 al 34 de la obra, identificada como “Construcción Centro de Justicia Tribunal Familia, Laboral y Letras de Los Ángeles”, que se levantó en la capital de la provincia del Bío Bío.

El nuevo complejo judicial fue proyectado luego del colapso que sufrieron los antiguos juzgados del Crimen de Los Ángeles tras el terremoto de 2010. La iniciativa buscó concentrar en un solo inmueble las dependencias judiciales que atienden materias de familia, trabajo y letras.

Retenciones y cierre administrativo

En una carta dirigida a la presidenta de la Corte Suprema y del Consejo Superior de la CAPJ, Gloria Ana Chevesich, el representante de la constructora, Ricardo Rodríguez Roa, afirmó que la factura fue rechazada por el Departamento de Infraestructura de la Corporación, sin una respuesta formal que explicara los fundamentos de esa decisión.

La empresa sostiene que las retenciones corresponden a obras ya ejecutadas y cita el numeral 14.3 de los términos de referencia del contrato, que —según su interpretación— permite su devolución anticipada mediante la presentación de una garantía.

De acuerdo con los antecedentes acompañados por la firma, desde marzo de este año ha solicitado el mecanismo de devolución a través de una póliza pagadera a la vista. A ello se suman, siempre según la presentación, garantías de fiel cumplimiento vigentes por 81.232,96 UF.

La empresa informó además que estaba gestionando una nueva boleta de garantía por correcta ejecución, con vencimiento al 19 de mayo de 2028. Su monto equivaldría al 10% del valor contractual vigente, que la constructora cifra en total a la fecha $28.414.258.846.

Obra terminada, recepción pendiente

La posición de la constructora es que la obra se encuentra completamente terminada. En su presentación asegura que el 7 de agosto la comisión designada concluyó la revisión de las observaciones formuladas y verificó que estas habían sido subsanadas.

No obstante, acusa que aún no se le había entregado el Acta de Recepción Provisoria con Reserva, documento que —de acuerdo con su relato— debía ser emitido el 28 de agosto. La empresa vincula la falta de ese acto administrativo con el rechazo de la facturación de las retenciones.

El expediente incorpora otra comunicación, remitida el 7 de septiembre a la directora interina de la CAPJ, Andreina Olmo Marchetti. En ella, la constructora informó que la recepción municipal estaba pendiente de una observación de la Dirección de Obras Municipales. Según señala, su corrección estaba siendo gestionada por el arquitecto revisor independiente contratado por la Corporación judicial.

En la presentación enviada posteriormente a la Corte Suprema, la empresa afirma que esa gestión dependía de antecedentes cuya emisión y entrega correspondían exclusivamente a la CAPJ. Esa es una de las bases con las que sostiene que la demora no le sería imputable.

“Nivel crítico” de liquidez

La constructora sostiene que la retención de los $1.417 millones ha provocado un perjuicio patrimonial “crítico”. En su escrito afirma que debió recurrir a financiamiento extraordinario e hipotecar bienes de la empresa y de sus socios para mantener su operación y cumplir obligaciones.

También asegura que enfrenta dificultades de liquidez incluso para pagar oportunamente remuneraciones, mientras permanecen pendientes, según su versión, resoluciones y pagos vinculados a un contrato cuya ejecución material ya concluyó.