La Corte Suprema ordenó una investigación contra cinco ministros de la Corte de Apelaciones de Concepción, tras detectar graves errores en el trámite de dos acciones legales presentadas por comunidades indígenas, a raíz del remate de los derechos de agua del Río Queuco.
Fue en septiembre de 2019 que comunidades del Alto Bío Bío presentaron un recurso de protección contra la Dirección de Aguas, pidiendo ser consultadas sobre el remate de los derechos de agua del Río Queuco, proceso paralizado por una orden de no innovar decretada en la acción legal.
En paralelo se presentó un reclamo que tiene un trámite más extenso, pero que finalmente fue fallado antes que la acción constitucional, dictándose por la Corte de Apelaciones de Concepción dos sentencias: una que acogía la denuncia de los pueblos originarios y otra que la rechazaba.
Al revisar la apelación por el recurso, la Corte Suprema detectó que un trámite desprolijo permitió los dos fallos contradictorios así como la demora excesiva de 13 meses para resolver la protección, ordenando abrir una investigación contra los ministros que incurrieron en los errores: Yolanda Méndez, Juan Ángel Muñoz, Waldemar Koch, César Panés y Fabio Jordán.
El abogado que representa a las comunidades, Guillermo Rioseco, destacó, más allá de la investigación contra los jueces, que el máximo tribunal decidiera revocar las sentencias y así poder enmendar los graves errores en perjuicio de sus representados.
Tanto el recurso como el reclamo de ilegalidad deberán ser tramitados conjuntamente por la Corte de Apelaciones penquista y en un plazo acotado de tiempo, esperando el abogado Rioseco que se acoja la solicitud de las comunidades del Río Queuco.
La investigación contra los ministros que incurrieron en el anómalo trámite de las acciones legales, estará a cargo del Pleno de la Corte Suprema, ante la cual deberán entregar sus descargos en un plazo de 10 días, según la resolución de la Tercera Sala del máximo tribunal del país.
