Una investigación de los llamados casinos populares pidió el senador Alejandro Navarro a la Fiscalía, denunciando varios delitos relacionados a la actividad.
Al respecto, desde la Cámara de Comercio de Concepción se insistió en una ley para regular o derechamente prohibir los “tragamonedas”.
Si bien desde hace años que se viene cuestionando la existencia de las llamadas máquinas de destreza o los casinos del pueblo, hoy existe un contraataque desde el Gobierno, que respaldado por la Contraloría, apunta a una actividad cuya licitud genera dudas.
Por eso, aprovechando el análisis en el Congreso de proyectos de ley para regular estos “tragamonedas”, es que el senador Alejandro Navarro presentó en Concepción una denuncia solicitando al Ministerio Público investigar una serie de delitos relacionados con esta actividad comercial.
Y sobre esta última figuara penal, el parlamentario explicó que es necesario aclarar cómo ingresaron las máquinas al país, deslizando que detrás puede estar el crimen organizado.
Desde que comenzaron a abrir estos locales, con 170 autorizados sólo en Concepción y 16 mil 500 máquinas en todo el Bío Bío, la Cámara de Comercio penquista dio voz de alerta, subrayando su presidente, Arturo Della Torre, que se legisle para regular o prohibir su funcionamiento.
El diagnóstico del Ministerio de Desarrollo Social es que estos “tragamonedas”, que se localizan principalmente en barrios pobres, generan ludopatía y delincuencia, además de un perjuicio para el Fisco por concepto de impuestos.
