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Esto responde a los resultados de los peritajes en las casas de la zona, los cuales indicaron que las falencias se concentraban en el diseño del proyecto, pero no en la ejecución de las obras como tal.
Los vecinos de El Olivar en Viña del Mar, región de Valparaíso, presentaron acciones legales ante los resultados que entregaron los peritajes judiciales de las viviendas del sector, en los que se demostró que estas no tenían falencias constructivas y, sin embargo, recibieron la orden de ser demolidas por instrucción del Ministerio de Vivienda.
En ese sentido, la comunidad recurrió a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para presentar un nuevo recurso de protección contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el seremi Marcelo Ruiz, para impedir la demolición de las casas que se levantaron en el marco del Plan de Reconstrucción tras el megaincendio de 2024.
El representante legal de las familias, Juan Andrés Pavéz, señaló que estas han manifestado su preocupación el futuro de las viviendas, mientras se continúa realizando lo que han denominado una demolición encubierta, a la espera de una orden formal de desmantelamiento.
“Existe una amenaza cierta, actual e inminente de demolición de las viviendas de mis representados. Se ha solicitado información a los encargados y la dirección de obra de la Municipalidad de Viña del Mar, sin que hasta ahora se haya presentado ningún tipo de permiso de demolición. Esta situación ha acrecentado la angustia de mis representados, quienes hoy están recurriendo a la justicia para frenar esta demolición encubierta”, indicó Pavéz.
Por su parte, Erika Maira, abogada de la entidad patrocinante, Social Arquitectura, indicó que, efectivamente, cualquier falla puede ser subsanada de acuerdo a los contratos establecidos y remarco que la situación que viven los pobladores de El Olivar es crítica respecto a resguardar sus propiedades.
“Cualquier observación puede y debe ser subsanada de acuerdo a los contratos que así lo establecían. También pone de relevancia el daño que están sufriendo las propiedades de las familias, producto del abandono, vandalismo y robos, a los que han quedado expuestas gracias a la decisión arbitraria del ministro de Vivienda y Urbanismo de paralizar su reconstrucción”, expuso Maira.
En tanto, el abogado de la constructora San Sebastián, Jaime Barrientos, insistió en que la empresa se mantiene en búsqueda de soluciones legales concretas, luego de la presentación de una demanda civil en agosto pasado, y recordó la solicitud presentada ante Contraloría, esperando que se determine la inhabilidad tanto del ministro de Vivienda como del seremi de la cartera en la región de Valparaíso.
“Ya hemos presentado la demanda civil correspondiente, la cual se encuentra actualmente en su etapa de discusión. Por otra parte, hemos acudido a la Contraloría General de la República, esperando que determine la inhabilidad que afecta tanto al ministro como al seremi de Vivienda. Carecen de la imparcialidad para conocer los procesos administrativos que han dispuesto en contra de la constructora”, aseveró Barrientos.
Cabe recordar que los peritajes determinaron que las anomalías detectadas provendrían del diseño, cálculo estructural y formulación de proyecto, más no en la ejecución material del proyecto por parte de la constructora.
