El alcalde de Río Bueno, Luis Reyes Álvares (electo con cupo UDI), fue formalizado este lunes por delitos de corrupción asociados a irregularidades en licitaciones, contratos y pagos de obras municipales durante los años 2017 y 2022. En la audiencia, la Fiscalía reveló una serie de transferencias directas a su cuenta corriente.
Junto a él también enfrentaron a la justicia en la misma causa su conviviente y otras cuatro personas.
En el Juzgado de Garantía de Río Bueno se realizó este lunes la audiencia de formalización de cargos en contra de seis de los siete imputados en este caso. El restante presentó una licencia médica.
Transferencias directas a cuenta personal del alcalde de Río Bueno
En la instancia, la Fiscalía expuso que el jefe comunal habría solicitado y recibido al menos $36.360.000 en beneficios económicos indebidos de empresarios y contratistas, a cambio de favorecerlos mediante actuaciones contrarias a sus deberes funcionarios.
Además, se detectaron alrededor de $90 millones en depósitos en efectivo realizados en la cuenta corriente personal del alcalde, cuyo origen no ha podido ser identificado.
Según una de las líneas investigativas, Reyes recibió $27.860.000 de un empresario del rubro de la construcción, cuyas sociedades se adjudicaron diversos proyectos municipales.
Eso se tradujo en que se benefició a estas empresas mediante irregularidades en los procesos de licitación, la agilización de estados de pago y la condonación improcedente de multas por incumplimientos contractuales.
También habría recibido $3 millones del representante de una productora que se adjudicó por $85 millones la organización de la Semana Río Buenina 2020, mediante una licitación direccionada para favorecer a ese proveedor.
Asimismo, se investigan pagos por $5.500.000 provenientes de otro empresario constructor, quien no pudo ser formalizado durante esta jornada debido a que presentó una licencia médica.
Compra de bienes y pago de servicios
En la indagatoria se detectaron diversas transferencias electrónicas y depósitos en efectivo realizados a la cuenta corriente personal del alcalde, y movimientos bancarios efectuados a través de cuentas de terceras personas, entre ellas su conviviente.
Para la Fiscalía, estas operaciones tuvieron como finalidad ocultar el origen ilícito de los recursos, mediante el uso de intermediarios o testaferros.
Asimismo, parte de los recursos investigados ingresó al patrimonio del alcalde y fue utilizado posteriormente para financiar la adquisición de bienes y el pago de distintos servicios.
Delitos imputados
Por los hechos antes descritos, el alcalde fue formalizado por delitos de cohecho agravado reiterado y lavado de activos.
En tanto, un empresario constructor enfrenta cargos por soborno reiterado y lavado de activos; y el representante de una productora de eventos por soborno.
La conviviente del jefe comunal, una secretaria vinculada a las empresas constructoras investigadas y un funcionario municipal fueron formalizados por lavado de activos.
La fiscal adjunta de Valdivia, María Consuelo Oliva, informó que la ley de lavado de activos establece penas de presidio mayor en su grado mínimo a medio. Esto quiere decir que van de los 5 años y un día a los 10 años de privación de libertad, sumado a multas que pueden llegar a las 1.000 UTM.
En el caso del delito de cohecho, donde el alcalde fue formalizado en calidad de agravado y reiterado, las penas van desde 3 años y un día a los 10 años de privación de libertad.
La audiencia contra los seis formalizados continuará el martes 20 de octubre y se definirán las cautelares.
Enviando corrección, espere un momento...
