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El senador Iván Flores (DC) presentó un oficio a Contraloría para determinar la legalidad de la resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) que permite a casas de apuestas pagar impuestos, generando críticas por intentar regularizar una actividad ilegal en Chile. Flores cuestiona si el SII está cometiendo una ilegalidad al exigir impuestos a las apuestas en línea, solicitando a Contraloría pronunciarse al respecto y definir si el organismo puede incorporar actividades ilegales a un régimen tributario especial.
El senador Iván Flores (DC) ofició a Contraloría para determinar la legalidad de la resolución que permite a casas de apuestas pagar impuestos.
Esto luego de la controvertida medida del Servicio de Impuestos Internos (SII) que establece un mecanismo que permite pagar IVA a empresas extranjeras dedicadas a juegos de azar o apuestas.
La resolución provocó fuertes críticas desde la oposición, afirmando que se busca regularizar una actividad que es ilegal en Chile.
Al respecto, Flores expresó su descontento y confirmó que ofició a Contraloría para que determine la legalidad de la medida anunciada por el SII.
“Ya que, a nuestra manera de ver, Impuestos Internos ha cometido una ilegalidad al señalar que las apuestas en línea deben pagar impuestos y eso es una manera de regularizar lo ilegal, tal como ha sido definido por la Corte Suprema, le hemos pedido a Contraloría que emita un pronunciamiento sobre si efectivamente el director de Impuestos Internos está cometiendo una irregularidad o una ilegalidad o no”, dijo.
Recordemos que existen diversos fallos judiciales que prohíben las apuestas ilegales, lo que convenció al parlamentario a presentar este documento al organismo fiscalizador.
En el oficio, el legislador pide que se defina si el Servicio de Impuestos Internos puede incorporar a un régimen tributario especial a actividades que el propio Estado considera ilegales.
Por otro lado, Flores solicitó que Contraloría establezca si el organismo excedió sus atribuciones legales, que consisten en fiscalizar y recaudar tributos, asegurando que no está habilitado para reconocer actividades económicas que deben ser autorizadas por ley.
Por último, instó a que se analice si la resolución vulnera el principio de legalidad administrativa y si se ajusta a la actual normativa o no.
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