La seremi de Desarrollo Social de Los Ríos, Vanesa Huaiquimilla, cuestionó el proyecto de ley que impulsa un grupo de parlamentarios, donde se busca excluir de los beneficios de la ley indígenas a condenados por hechos de violencia rural, pero no solo a ellos, sino también a las comunidades que tengan dos sentenciados por delitos asociados. Con eso, no podrían acceder a la restitución de tierra y entrega de aguas. Iniciativa que la autoridad regional calificó como un "error grosero".

Como un error grosero, calificó la seremi de Desarrollo Social de Los Ríos, Vanesa Huaiquimilla, el proyecto de ley que impulsan tres senadores, entre ellos la parlamentaria María José Gatica, donde se busca excluir de beneficios de la Ley Indígena a personas condenadas por delitos asociados a violencia rural.

La iniciativa legal busca modificar la norma 19.523, conocida como Ley Indígena, añadiendo una serie de exclusiones, entre las cuales se propone que un miembro de una comunidad que haya sido condenado por delitos de violencia rural, conductas terroristas o tráfico ilícito de drogas no podrá acceder a los beneficios de entrega de tierras y aguas, dentro de 10 años posteriores al cumplimiento de su condena.

En el caso de los imputados, el proyecto de ley busca excluirlos al menos hasta que termine el proceso judicial.

Pero no solo apunta a personas, ya que una segunda exclusión indica que “toda comunidad indígena que tenga uno o más miembros condenados” por este tipo de delitos tampoco podrá acceder a los beneficios de dicha ley en el contexto del fondo de tierras y aguas dentro de 5 años posteriores al cumplimiento de condena.

Al respecto, en entrevista con Radio Bío Bío, la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, argumentó que el proyecto de ley busca evitar que se avale la violencia.

Consultada por La Radio respecto al contenido de la iniciativa parlamentaria, la seremi de Desarrollo Social de Los Ríos, Vanesa Huaiquimilla, criticó el proyecto de ley, asegurando que mezclar ambas aristas en un error grosero.

El proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional, pasando a la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización.