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En Osorno, región de Los Lagos, un abogado identificado como A.D.G. fue formalizado por administración desleal, tras acoger el juez de garantía los argumentos de la defensa de su cliente, quien se encuentra en la cárcel local. El caso destaca la complejidad al ser el imputado el abogado defensor de la víctima, quien habría firmado un mandato de administración que perjudicó el patrimonio de esta. El Fiscal Matías Montero detalló que el presunto delito habría representado un perjuicio de más de 30 millones de pesos en el año 2021. Las medidas cautelares incluyen prohibición de acercarse a la víctima, firma mensual ante carabineros y arraigo nacional, durante los 90 días de investigación determinados.

Un abogado identificado por la Justicia como A.D.G, fue formalizado por el cargo de administración desleal, en Osorno, región de Los Lagos, donde más allá de toda duda razonable, el juez de garantía, acogió los argumentos de los abogados, en representación de su cliente, que permanece en la cárcel local.

Juan Carlos Claret, abogado que presentó los cargos, explicó los alcances de la acusación: “Este es un caso complejo y su complejidad radica en que el imputado era el abogado defensor de la víctima”.

Eso significa que la supuesta víctima fue alguien que acudió al despacho del acusado. Dentro de las estrategias del abogado se habría suscrito un mandato de administración en favor de este, “instrumento que finalmente dispone de los bienes de la víctima y que termina fuera del patrimonio”.

Julio Barriga, asumió la defensa del ahora formalizado, indicando que su colega se encuentra tranquilo en espera del desarrollo de la investigación

Por su lado, el Fiscal del caso, Matías Montero, indicó que las diligencias están a cargo de la brigada de delitos económicos, por un hecho que “habría ocurrido el año 2021 en circunstancias que se presentó una querella que dedujo la víctima por el supuesto delito de administración desleal respecto a su patrimonio, que habría significado un perjuicio patrimonial superior a los 30 millones de pesos”.

Como está dicho, la formalización está asociada a medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima, firma mensual ante carabineros, además de arraigo nacional, aguardándose por el desarrollo de la investigación, para lo cual se determinaron 90 días.