Alrededor de 40 organizaciones de derechos humanos de la región de Los Lagos adhirieron a una carta abierta que repudia el caso de Felipe Santana, condenado a más de 7 años de cárcel por los delitos de daños, hurto simple e incendio en grado de frustrado contra la Catedral de Puerto Montt, en un proceso que aseguran estuvo marcado por las presiones del Gobierno, el Ministerio Público, Carabineros y la Iglesia Católica.
Al respecto, el representante de los Observadores de Derechos Humanos de Puerto Montt, Luis Ramírez, no desconoció que hubo hechos de violencia de ambas partes, y agregó que en esta situación hubo un ensañamiento. Por ejemplo en la ponderación de agravantes y atenuantes, que desde su perspectiva, demuestran un sesgo político en el juicio.
En la misma línea, desde la Coordinadora Memoria Histórica Derechos Humanos de Puerto Montt, Ana Godoy recordó que los delitos realizados por actores “de cuello y corbata” han tenido condenas con multas irrisorias o clases de ética.
En tanto, la jefa subrogante del Instituto de Derechos Humanos de la región de Los Lagos, Milena Sánchez, consultada respecto a si Felipe tuvo un juicio justo respecto a los hechos que se le imputan, señaló que es algo que no pueden negar ni afirmar. “Somos parte interviniente del juicio, por lo tanto no conocemos los contextos en que se presentó la pruebas, ni las garantías del proceso”, detalló.
Sánchez agregó que de los 11 imputados por delitos asociados al denominado estallido social, la situación de Felipe es la que aún sigue vigente, quedando en curso las que cuentan con condenas altas. Sin embargo, insistió en que no conocen los antecedentes del juicio en profundidad y que quedan instancias y recursos para resolver la condena.
