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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El gobernador de La Araucanía, René Saffirio, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la Universidad Autónoma de Chile, exautoridades y exfuncionarios por delitos económicos tras el informe de la Contraloría que reveló irregularidades en el traspaso de 21 mil millones de pesos desde el Gobierno Regional a la universidad. La denuncia apunta a fraude al fisco, negociación incompatible, estafa y lavado de activos.

El gobernador de La Araucanía, René Saffirio, presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de la Universidad Autónoma de Chile, exautoridades y exfuncionarios, por la eventual comisión de delitos económicos tras conocerse el informe final de la Contraloría que reveló sendas irregularidades en el traspaso de 21 mil millones de pesos desde el Gobierno Regional a dicha casa de estudios.

La denuncia está dirigida en contra de la Universidad Autónoma de Chile, en su calidad de persona jurídica, representada legalmente por su rector, Teodoro Rivera, e incluye a exautoridades regionales, exfuncionarios y funcionarios públicos.

Esto, tras conocerse el informe final que la Contraloría Regional de La Araucanía emitió respecto de los convenios suscritos entre el Gobierno Regional y la Universidad Autónoma de Chile durante los años 2022 y 2023, detectando graves irregularidades en la administración de recursos públicos asociados a transferencias por más de $21.000 millones.

Eventual fraude al fisco

El gobernador de La Araucanía, René Saffirio, entregó detalles de esta denuncia y lo que persigue: “Hemos presentado una denuncia ante el Ministerio Público por los eventuales delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, estafa y lavado de activos”.

GORE busca recuperar recursos

El Gobierno Regional de La Araucanía informó que además instruyó sumarios administrativos internos para establecer eventuales responsabilidades de funcionarios, procesos que se desarrollarán bajo la supervisión de la Contraloría Regional.

Desde el GORE señalaron que el objetivo es determinar el destino de los recursos transferidos y recuperar aquellos montos que no hayan sido debidamente rendidos.

Hay que precisar que la Contraloría también tomó la decisión de remitir los resultados al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Servicio de Impuestos Internos (SII), con el objetivo de que se determinen las eventuales responsabilidades administrativas y penales que correspondan.

Entre las irregularidades detectadas figuran falta de restitución oportuna de recursos, vulneración del principio de anualidad presupuestaria, falta de registro contable de letras de cambio entregadas como garantías, una caución que no fue encontrada en custodia de la Tesorería del GORE, deficiencias en los procedimientos contables utilizados para las transferencias, beneficiarios que no acreditaban adecuadamente la condición exigida por las bases y proyectos que no habían completado su ejecución dentro de los plazos correspondientes.

Universidad Autónoma cuestiona interpretación de los montos

A través de un comunicado, la Universidad Autónoma de Chile señaló que los aproximadamente $21 mil millones mencionados públicamente corresponden al total de recursos transferidos para la ejecución de los convenios examinados por Contraloría, por lo que, según precisaron, dicha cifra no corresponde a un monto que el organismo haya declarado como defraudado, no rendido o utilizado irregularmente.

Asimismo, la casa de estudios sostuvo que algunas cifras difundidas sobre el estado de las rendiciones corresponden a cortes históricos del proceso. En particular, explicaron que los $6.929 millones consignados como pendientes corresponden a la situación registrada al 30 de junio de 2024 y que, desde entonces, la Universidad continuó presentando y complementando antecedentes.

Según la institución, cuatro de los 12 programas, por aproximadamente $1.750 millones, cuentan actualmente con cierre formal del Gobierno Regional, mientras que los ocho restantes, por cerca de $19.870 millones, se encuentran ejecutados y con sus antecedentes presentados a rendición, aunque todavía está pendiente la revisión y cierre administrativo por parte del GORE.

La Universidad agregó que se encuentra analizando las observaciones contenidas en el informe de Contraloría y enfatizó que estas se refieren a materias específicas y no comprenden la totalidad de los programas ni de los recursos transferidos.

Finalmente, la casa de estudios afirmó que el informe de Contraloría no establece que la Universidad Autónoma de Chile haya cometido los delitos mencionados públicamente y recalcó que la determinación de eventuales responsabilidades corresponde a los organismos competentes. En ese sentido, manifestó su disposición a colaborar con la Contraloría, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y las demás autoridades que correspondan.