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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La alcaldesa Daniela Norambuena y parte del concejo comunal de La Serena presentaron dos querellas en el Juzgado de Garantía contra la administración anterior por presuntos delitos de apropiación indebida y manejo fraudulento de caudales públicos en la Corporación Gabriel González Videla. La primera acción legal apunta al exalcalde Roberto Jacob por apropiación indebida de cotizaciones previsionales y omisión de retener o enterar pagos del empleador, mientras que la segunda querella es contra responsables por giro doloso de cheques, malversación y fraude al fisco. La alcaldesa denunció la existencia de "funcionarios fantasmas" y una morosidad previsional de $4.018.637.656. La nueva administración despidió a más de 100 funcionarios para hacer frente a la situación.

Hasta el Juzgado de Garantía de La Serena, en la región de Coquimbo, llegó la alcaldesa Daniela Norambuena y parte del concejo comunal, con el objetivo de presentar dos querellas contra la administración anterior.

Esto, por supuestos delitos de apropiación indebida y manejo fraudulento de caudales públicos. En concreto, al interior de la Corporación Gabriel González Videla.

La primera acción legal va dirigida en contra del exalcalde, Roberto Jacob, por presunta apropiación indebida de cotizaciones previsionales además de omisión de retener o enterar los mismos pagos del empleador.

En tanto, la segunda querella es contra de quienes resulten responsables por giro doloso de cheques, malversación por aplicación pública diferente junto con fraude al fisco.

“Es mi misión y deber hoy, como funcionaria municipal, de interponer dos querellas (…) hoy existen funcionarios fantasmas”, explicó la alcaldesa Daniela Norambuena.

En detalle, se le acusa al exjefe comunal de incumplir su deber de control sobre la instancia en cuestión, produciendo -a diciembre pasado- una morosidad previsional por un total de $4.018.637.656. Esto, sin considerar intereses.

Para enfrentar esta situación, la nueva administración municipal procedió a una desvinculación masiva de funcionarios, y que, solo en salud, suman más de 100 personas despedidas.