El Tribunal Calificador de Elecciones suspendió la indagatoria por notable abandono de deberes, luego que la autoridad regional recurriera al Tribunal Constitucional aprovechando una contradicción en la ley.
Cuando todos pensaban que la gobernadora Regional de Coquimbo, Krist Naranjo, estaba acorralada por las acusaciones por notable abandono de deberes, que los consejeros regionales presentaron ante el Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel, para destituirla de su cargo, la autoridad regional recurrió al Tribunal Constitucional argumentando que el proceso era inconstitucional, según las normas que rigen para la destitución de un gobernador o gobernadora.
Y aunque políticos de la zona creen que es una medida para dilatar la investigación al máximo posible, la defensa de Krist Naranjo concurrió al TC, argumentando que hay una anomalía, lo que obligó al Tricel a suspender la investigación, mientras el tribunal Constitucional no se manifieste al respecto.
La abogada y académica de la Universidad Central sede La Serena, María José Lira, explicó la apuesta o jugada legal de la gobernadora.
La profesional sostiene que se interpuso un recurso especial que se contempla en la Constitución actual y que está dentro de las labores del Tribunal Constitucional, que es “el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Con este recurso se busca que una determinada norma, una determinada ley o un artículo de una ley, o un inciso de un artículo de la ley, se declare inaplicable porque es inconstitucional y esa inaplicabilidad la determina el Tribunal Constitucional respecto de un juicio que está en curso”.
Como la Gobernadora tiene un juicio en curso en el Tricel por notable abandono de deberes y falta a la probidad administrativa, recurrió al Tribunal Constitucional solicitando que un inciso del artículo de la ley que regula este caso no se aplique.
Según la abogada María José Lira, lo que hace la gobernadora -por intermedio de su abogado, Isidro Solís- es señalar que en la norma hay una contradicción, porque en un artículo señala que este caso lo conocerá el Tricel en única instancia, pero en otro habla de la sentencia de primera instancia, lo que podría ser apelable, y eso genera la contradicción, porque sobre el Tricel no hay otro tribunal al cual apelar para que revise su fallo.
La defensa
El abogado de la gobernadora Krist Naranjo, Isidro Solís, concuerda con lo planteado por la académica y tras ser consultado por El Día, señaló que “desde nuestro punto de vista la ley tiene un procedimiento defectuoso, porque no consagra una instancia de revisión de las decisiones del tribunal de primera instancia y en la ley se transformó al Tricel en un tribunal de única instancia y eso en nuestra legislación es una anomalía”.
Solís precisa más adelante que uno de los derechos que tiene cualquier persona frente a la justicia es ser sometido a un correcto procedimiento, teniendo la posibilidad de ejercer recursos y que éstos sean revisados por instancias superiores y “en este procedimiento no lo hay, y nosotros esto lo anticipamos desde el primer día, que si esto no era corregido íbamos a recurrir para un pronunciamiento al Tribunal Constitucional, que fue lo que hicimos”.
Consultada su visión sobre las opiniones de algunos políticos que señalan que solo se trata de una estrategia de la gobernadora para dilatar la investigación en su contra, el defensor de Krist Naranjo dijo que eso se podría decir respecto de cualquier defensa, “pero en la práctica hay un viejo aforismo que dice que quien su derecho ejerce a nadie ofende, y nosotros estamos ocupando un mecanismo que está contemplado en todo nuestro ordenamiento judicial y estamos convencidos de que el Tribunal Constitucional va a corregir este procedimiento”.
Acusan maniobra dilatoria de gobernadora de Coquimbo
Desde el mundo político hacen una lectura distinta de lo que ha ocurrido con la suspensión de la investigación.
En ese sentido, el senador Matías Walker sostuvo que “se trata claramente de una maniobra dilatoria para eludir una acción de fiscalización que hoy día está radicada en el Tricel”.
El senador añadió que se aprovechaban de que el Tribunal Constitucional está con un problema de composición, porque a los dos ministros que faltan por nombrar, se suma el fallecimiento de uno de sus miembros, Rodrigo Pica, precisando que lamentablemente las consecuencias de todo esto las sufrían los habitantes de la región.
Por su parte, la consejera regional, Ximena Ampuero, calificó lo ocurrido de “lamentable”, porque las conclusiones sobre la denuncia que ellos hicieron ante el Tricel, podrían tener un pronunciamiento cuando la gobernadora ya no esté ejerciendo su cargo.
“Nosotros estamos tranquilos, porque la misión nuestra es fiscalizar e hicimos una comisión de investigación y consideramos que existe un abandono de deberes y falta a la probidad”, dijo Ampuero, quien coincide en que hay una intención de dilatar el caso.
Para el delegado Presidencial, Rubén Quezada, este es un caso que nace de la función fiscalizadora de los consejeros y consejeras regionales, por lo que en su caso, “esperamos que las instituciones encargadas de dilucidar esto funcionen como corresponde”.
“Desde el Gobierno estamos concentrados en poder avanzar en las problemáticas de la ciudadanía más que en las polémicas que genere una autoridad”, cerró respecto al tema que involucra a la gobernadora de Coquimbo.
