La polémica por el reciclaje de las baterías de plomo se ha instalado en Calama, donde los vecinos y el Gobierno se enfrentan por la existencia de la planta Recimat, para la gestión de este tipo de residuos.
Mientras las comunidad acusa sentirse como el “patio trasero de los tóxicos”, puesto que la planta es la única certificada para este tipo de reciclaje en el país, el Gobierno argumenta que un pacto internacional impide la exportación de este desecho.
En este contexto, la mañana de este lunes, un cúmulo de organizaciones sociales realizaron manifestaciones y tomas a fin de manifestar al Gobierno su malestar por esta situación que, según denunciaron, se concretaría con lo que llaman un “decreto de amarre” que permitiría la gestión de estos residuos en Calama.
“Nos movilizamos porque en Calama se encuentra la única empresa que mantiene activo el horno para fundir todas las baterías de plomo y obtener un lucrativo producto, todo ejecutado por la empresa RAM. De ser firmado y autorizado por usted, señora Presidenta, se está condenando a toda una comuna a la amenaza constante de estar expuestos al plomo”, denunció la Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras de Chile, Territorio Calama.
Desde el Ejecutivo, el ministro del Medioambiente, Marcelo Mena, explicó a BioBioChile que, contrario a lo expuesto por los vecinos de Calama, la disposición legal, amparada en el Convenio de Basilea, referido al control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, prohíbe la exportación de estos.
“Lo que nosotros simplemente hemos visto, en el contexto del trámite de un decreto con respecto a esto, es que la aplicación más estricta del convenio de Basilea, es minimizar las exportaciones a los casos mínimos posibles”, enfatizó Mena.
En esta línea, el jefe de cartera también desestimó las denuncias respecto al lobby que RAM Recimat estaría haciendo para conservar su posición monopólica en el mercado del reciclaje de las baterías de plomo.
“Estamos regulando todos los residuos peligrosos para evitar que se terminen depositando en países en vías de desarrollo”, agregando además que “no es correcto” afirmar que el interés del Gobierno es favorecer a Recimat, ya que el espíritu de la legislación es aumentar las tasas de reciclaje para favorecer el ingreso de más competidores.
Asimismo, las organizaciones que participaron de la movilización acusaron que en 2009 la comuna fue declarado como zona saturada por su contaminación por material particulado (MP) 10.
Ante esto, el ministro Mena afirmó que si bien el decreto fue firmado en las postrimerías del primer gobierno de Michelle Bachelet, durante la administración que la siguió, no se perseveró en la implementación del Plan de Descontaminación Ambiental, el que, dijo, comenzará a entrar en funciones durante este año.
