El proyecto de Ley Naín-Retamal 2.0, que busca extender la denominada legítima defensa privilegiada a funcionarios policiales que se encuentren de franco, abrió un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
La controversia surgió luego de que el organismo emitiera un informe en el que advirtió que la iniciativa podría generar condiciones de “impunidad de facto” ante eventuales casos de uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios policiales.
El proyecto, que también contempla a efectivos de las Fuerzas Armadas, será discutido la próxima semana en el Congreso, en el marco de la agenda de seguridad impulsada por el Ejecutivo.
La principal preocupación del INDH apunta a los efectos de la denominada legítima defensa privilegiada sobre la carga de la prueba, cuestionamiento que el organismo ya había planteado durante la tramitación de la Ley Naín-Retamal original.
Gobierno acusa mirada ideológica del INDH
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, cuestionó duramente el informe del instituto, acusándolo de mantener una posición contraria al fortalecimiento de las policías.
“El INDH una vez más está desconectado de la realidad. Su informe en contra de la legítima defensa de franco para nuestras policías y FFAA refleja una mirada ideológica que se debe transparentar ante los chilenos, esto es: su resistencia a fortalecer el respaldo a las Fuerzas de Orden y Seguridad”, sostuvo el secretario de Estado.
Las declaraciones provocaron la respuesta del director del INDH, Yerko Ljubetic, quien llamó a mantener el respeto entre las instituciones públicas y defendió las atribuciones legales del organismo.
“Las afirmaciones del ministro Arrau ponen en cuestión el cumplimiento de una parte esencial del mandato que la ley le impone al INDH: preocuparse por la armonía que debe existir entre nuestras leyes, nuestras normas, con las obligaciones que el Estado de Chile tiene en materia de estándares de derechos humanos“, afirmó.
Senado busca acelerar tramitación de Naín-Retamal 2.0
En el Congreso, la iniciativa cuenta con respaldo de integrantes de la Comisión de Constitución, donde los senadores Arturo Squella, Andrés Longton y Pedro Araya han coincidido en apoyar distintos proyectos de la agenda de seguridad.
El presidente de la instancia, Pedro Araya (PPD), discrepó del análisis del INDH y sostuvo que el organismo confunde los aspectos probatorios de la iniciativa con sus consecuencias prácticas.
“Confunde los aspectos probatorios con los efectos reales de la Ley Naín-Retamal 2.0. No busca generar impunidad ni dejar a las policías al margen de la ley, sino que, por el contrario, darles mayor certeza jurídica a los funcionarios policiales que deben actuar en situaciones de riesgo”, señaló.
Según fuentes consultadas, el informe del INDH fue elaborado hace meses por su área de seguimiento legislativo y posteriormente entregado a la secretaría de la Comisión de Constitución del Senado como insumo para el debate parlamentario.
La discusión se desarrollará entre el martes y miércoles de la próxima semana. Considerando que el proyecto contempla solo dos artículos, se espera que pueda ser despachado en dos o tres sesiones.
En paralelo, la Comisión de Seguridad revisará otra iniciativa de la agenda Naín-Retamal 2.0, que busca aumentar las sanciones por ofensas y agresiones contra funcionarios de Carabineros, con miras a enviarla a la Sala del Senado.
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