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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La senadora Fabiola Campillai anunció acciones judiciales, incluyendo vías internacionales, tras conceder libertad condicional al excarabinero Patricio Maturana, condenado por dejarla ciega tras dispararle una bomba lacrimógena en el Estallido Social. Campillai denunció impunidad, cuestionando la decisión y la falta de arrepentimiento de Maturana. Recalcó la necesidad de cumplir efectivamente las sentencias en casos de violaciones a los derechos humanos. Afirmó que seguirá luchando por justicia y no descartó recurrir a instancias internacionales.

“No me quedaré de brazos cruzados”. La senadora Fabiola Campillai anunció acciones judiciales, sin descartar vías internacionales, luego de que se le otorgara libertad condicional a Patricio Maturana, excarabinero condenado por dispararle una bomba lacrimógena en el rostro y que la dejó ciega de por vida en el contexto del Estallido Social.

La decisión fue adoptada este viernes, pese a la oposición de la parlamentaria, y comenzará a regir el próximo 2 de diciembre de 2026, una determinación que se conoce a pocos días de que se cumplan siete años del 18 de octubre de 2019.

A través de una declaración pública, Campillai calificó la determinación como un acto de impunidad y cuestionó los antecedentes considerados para conceder el beneficio.

“Comparecí ante la Comisión para exponer los fundamentos de mi oposición. Señalé que, según los antecedentes, el condenado no ha cumplido siquiera la mitad de su pena; que ya goza de un régimen de salidas progresivas; que nunca me ha pedido perdón ni ha reconocido el daño causado; y que negó los hechos durante todo el proceso”, sostuvo.

Asimismo, la senadora recordó que los estándares del derecho internacional en materia de derechos humanos “exigen el cumplimiento efectivo de las sentencias como parte del acceso a la justicia”.

A juicio de Campillai, la resolución envía una señal preocupante a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, al dar a entender que las condenas pueden reducirse pese a la gravedad de los delitos cometidos desde el poder del Estado.

“Soy una víctima más en la larga y triste historia de violencia estatal en Chile. Por eso, mi lucha por justicia también es por todos los ciudadanos del país: nadie debería ser mutilado ni perder la vida en el contexto de una manifestación, participe o no en ella”, lamentó.

“Recurriré a todas las instancias judiciales correspondientes”

En su escrito aseguró que “no me quedaré de brazos cruzados” y anunció que acudirá a todas las instancias necesarias para revocar esta decisión.

“Recurriré a todas las instancias judiciales correspondientes para revertir esta decisión y, si es necesario, acudiremos a instancias internacionales”, afirmó.

“He enfrentado situaciones muy difíciles en mi vida. Perdí la vista, el gusto y el olfato, pero no he perdido la convicción ni la fuerza, menos ahora. Este golpe no me debilita: me compromete más que nunca con una lucha que no es solo mía”, agregó.

Campillai cerró su declaración enviando un mensaje a las víctimas del Estallido Social y a sus familias: “les digo que no están solas”.

“Seguiré trabajando por verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, porque una democracia exige que quien abusa del poder del Estado responda ante la justicia y cumpla su condena. Seguiré de pie”, culminó la senadora.

Lo ocurrido el 26 de noviembre de 2019

El 26 de noviembre de 2019, Fabiola Campillai salió de su casa junto a su hermana para tomar locomoción y dirigirse a su trabajo, en San Bernardo.

Tenía turno de noche y no participaba en las manifestaciones convocadas en el marco del Estallido Social.

Fue ahí cuando el entonces capitán de Carabineros, Patricio Maturana, disparó una bomba lacrimógena que impactó directamente en su rostro, provocándole lesiones de gravedad que la dejaron ciega y le hicieron perder para siempre el gusto y el olfato.

Tras acreditarse judicialmente los hechos, Maturana fue condenado a 12 años y 183 días de presidio por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.