La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Fisco indemnizar con $100 millones a una entonces niña que fue golpeada y torturada por funcionarios de la Armada durante la dictadura militar cuando tenía solo dos años, dejándola con secuelas que el tribunal catalogó como permanentes.
Se trata de Ewa Ebers Oberreuter, quien se encontraba en un domicilio en Valparaíso cuando detuvieron a su madre y a su abuela materna en 1975, ocupando la fuerza bruta para concretar la aprehensión. La menor, que ejemplifica el fallo, fue golpeada en la boca con un arma por uno de los uniformados.
Las consecuencias de estos hechos marcaron su vida. Entre las secuelas reconocidas por la justicia figuran problemas de salud mental, trastornos psicopedagógicos y alteraciones en su ritmo circadiano.
En este contexto, el fallo elevó de $50 millones a $100 millones la indemnización que había establecido el 2.º Juzgado Civil de Santiago el 22 de diciembre de 2025, considerando especialmente la corta edad que tenía la víctima al momento de ser torturada.
Fue golpeada con solo dos años
En el fallo, el tribunal acreditó que la niña sufrió agresiones junto a integrantes de su familia por razones de naturaleza política vinculadas con su madre.
“Fue detenida en su domicilio junto a su abuela materna en 1975, sufriendo la ocupación de su vivienda y apremios de gravedad como, a sus dos años, fue golpeada con un arma en su boca por un funcionario de la Armada”, detalla el fallo.
Los magistrados también destacaron las consecuencias físicas y psicológicas que tuvo la violencia ejercida contra ella, así como la persecución que sufrió desde temprana edad y la posterior separación de su familia.
“Fue detenida siendo menor de edad -2 años-, sufriendo constante persecución, lo que motivó la separación de su grupo familiar, circunstancias que produjeron impacto, entre otros, en su salud mental, lo que la llevó a padecer trastornos psicopedagógicos y alteraciones en su ritmo circadiano, como secuelas permanentes en su proyecto de vida”, sostiene el fallo.
La Corte también invocó la Convención sobre los Derechos del Niño para fundamentar la gravedad de los hechos, enfatizando la especial vulnerabilidad de la víctima debido a su edad.
En esa línea, calificó lo ocurrido como una “gravísima transgresión a sus derechos humanos y a su especial condición de vulnerabilidad como menor de edad, cuyas secuelas físicas y psicológicas son de carácter permanente”.
Finalmente, atendida la gravedad de los hechos, la corta edad de la víctima y el carácter permanente de las secuelas, el tribunal determinó aumentar a $100 millones el monto reparatorio a pagar.
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