El Gobierno del presidente José Antonio Kast manifestó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que la salud sexual y reproductiva no constituye un derecho reconocido internacionalmente, en una intervención en la que también defendió el derecho a la vida y la facultad de cada Estado para establecer sus propias normas sobre la materia.
La postura fue expresada el pasado 7 de octubre por Fernando Cabezas, ministro consejero y representante permanente adjunto de Chile ante los organismos internacionales con sede en Ginebra.
Así lo señaló durante una explicación de voto posterior a la votación de la resolución L.34, relacionada con los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.
Pese a que el debate estaba centrado en el acceso a estos servicios básicos, el diplomático chileno introdujo una declaración sobre la posición del Ejecutivo respecto de los derechos sexuales y reproductivos.
“Queremos señalar, y solicitamos que quede constancia de ello, que el Gobierno de Chile promueve y protege el derecho a la vida, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, sostuvo Cabezas.
Acto seguido, el representante chileno planteó reparos al reconocimiento de la salud sexual y reproductiva como un derecho en el ámbito internacional.
“En este contexto, entendemos que la salud sexual y reproductiva no constituye un derecho reconocido internacionalmente y que su definición jurídica depende de las normas internas de cada Estado”, afirmó.
Chile pide limitar el lenguaje de las resoluciones de la ONU
Durante su intervención, Cabezas también manifestó que Chile mantiene su compromiso con la implementación del derecho humano al agua potable y al saneamiento, reconociendo su relación con la salud y la salud mental de mujeres y niñas.
Sin embargo, el representante del Ejecutivo sostuvo que las resoluciones internacionales deberían mantener sus contenidos estrictamente relacionados con los asuntos que buscan abordar.
“También consideramos que mantener un lenguaje estrictamente vinculado al tema de la resolución facilitaría el consenso y favorecería la comprensión de cada asunto”, señaló.
La postura expresada por Cabezas contrasta con el tratamiento que organismos de Naciones Unidas han dado a los derechos vinculados con la salud sexual y reproductiva.
De hecho, un informe de Naciones Unidas sobre Chile, publicado en 2025, aborda expresamente el derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, junto con las obligaciones estatales relacionadas con su protección.
La declaración, realizada en representación del Estado chileno, evidencia además un cambio de énfasis en la política exterior respecto de la administración del expresidente Gabriel Boric, que promovió los derechos sexuales y reproductivos como parte de su agenda de derechos humanos y política exterior feminista.
Con ello, el Gobierno de José Antonio Kast marca distancia de su antecesor en una materia de especial sensibilidad política, trasladando al escenario internacional las diferencias entre ambas administraciones sobre el alcance y reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.
Enviando corrección, espere un momento...
