El diputado Enrique Bassaletti, independiente de la bancada del Partido Republicano, impulsa un proyecto de ley que busca permitir que personas condenadas con enfermedades terminales, dependencia severa o edad avanzada puedan cumplir sus penas bajo arresto domiciliario total, por razones humanitarias.
La iniciativa, presentada en junio pasado y respaldada por parlamentarios de distintos sectores, vuelve a cobrar relevancia tras la muerte de Juan Manuel Aliste Vega, exintegrante del Movimiento Lautaro que falleció el domingo 11 de octubre mientras cumplía una condena de 42 años de cárcel.
Sin embargo, la propuesta abre interrogantes sobre su eventual aplicación a condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, debido a que no establece una exclusión expresa para este tipo de delitos.
Los requisitos del proyecto impulsado por Bassaletti
La moción, correspondiente al boletín 18353-07, cuenta con el respaldo de Tomás Kast (Evópoli), Luis Pardo (RN), Mario Olavarría (UDI), Pier Karlezi y Gloria Naveillán (Partido Nacional Libertario), Chiara Barchiesi (Republicanos) y Patricio Briones (PDG).
El proyecto contempla la sustitución excepcional de la cárcel por reclusión domiciliaria total para personas con enfermedades terminales, dependencia severa o mayores de 75 años.
En el caso de estos últimos, se exigiría haber cumplido al menos un tercio de la condena, requisito que aumenta a la mitad cuando se trata de penas de crimen.
La medida deberá ser autorizada por un tribunal, considerando antecedentes médicos, informes penitenciarios y la participación de los intervinientes que corresponda. Además, podría revocarse ante el incumplimiento de las condiciones impuestas.
Bassaletti explicó que la propuesta está “enmarcada dentro de un concepto humanitario y de piedad, misericordia”, especialmente para quienes enfrentan enfermedades graves e irreversibles.
“[Tiene] que ver precisamente con personas, como, por ejemplo, que va a expirar su vida, porque están con un cáncer terminal, poder pasar su último tiempo con arresto domiciliario total con su familia”, señaló.
¿Podría beneficiar a condenados por crímenes de lesa humanidad?
Uno de los aspectos que genera interrogantes es que el proyecto no excluye expresamente a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, aunque sí establece restricciones para determinados delitos sexuales contra menores de edad.
Además, contempla su aplicación a personas que ya se encuentren cumpliendo condenas, independientemente de cuándo se cometieron los delitos o se dictaron las sentencias.
De aprobarse en sus actuales términos, esto podría abrir la posibilidad de que condenados por crímenes de lesa humanidad soliciten cumplir el resto de sus penas en sus domicilios, siempre que reúnan los requisitos y exista una resolución judicial favorable.
No obstante, la medida no implicaría eliminar las condenas ni otorgar libertad plena, sino modificar excepcionalmente el lugar donde se cumplen.
El debate adquiere especial relevancia tras la muerte del exlautarista Juan Manuel Aliste Vega, quien padecía un cáncer terminal y había solicitado un indulto humanitario al presidente José Antonio Kast días antes de fallecer.
Su caso reabrió la discusión sobre los beneficios para personas privadas de libertad con enfermedades graves, incluyendo las diferencias políticas respecto de su eventual aplicación a condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
En ese contexto, Bassaletti aseguró que su propuesta “no tiene nada que ver con poner en tela de juicio el trabajo de los tribunales de justicia, ni de los veredictos”, enfatizando que tampoco debe confundirse con el indulto o la amnistía.
El proyecto permanece en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputadas y Diputados, a la espera de avanzar en su tramitación.
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