La exsubsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, quien estuvo en el cargo desde el 11 de marzo hasta el pasado 2 de junio, valoró la aprobación de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), aunque advirtió que aún está pendiente una reforma al sistema judicial y al Ministerio Público, además de medidas concretas para fortalecer la carrera policial.
En conversación exclusiva con Radio Bío Bío, la exautoridad del gobierno de Kast explicó que los parlamentarios de su sector (PNL) respaldaron las RUF “bajo el entendido de que pueden entregar mayor certeza jurídica a los funcionarios policiales durante los procedimientos en los que intervienen”.
Sin embargo, sostuvo que el debate de fondo “sigue pendiente” y planteó la necesidad de que quienes investiguen y juzguen estas causas cuenten “con preparación y especialización”, con el objetivo de garantizar la objetividad y la independencia en sus decisiones.
Respecto del aumento presupuestario destinado a las policías, Quintana lo calificó como “positivo, pero insuficiente”. En ese sentido, propuso incorporar incentivos para fortalecer la carrera policial, como aumentar los estipendios que reciben los estudiantes durante su formación y otorgar un bono trimestral asociado a los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG), que, según señaló, Carabineros y la Policía de Investigaciones no reciben actualmente.
Asimismo, planteó incrementar las asignaciones de riesgo y diferenciarlas según la zona en que se desempeñen los funcionarios, considerando que existen territorios donde la exposición a situaciones peligrosas es mayor.
Por último, se refirió a las cifras de seguridad informadas por el Ministerio de Seguridad y señaló que ha observado una disminución de los homicidios que se habría ido consolidando con el tiempo. No obstante, cuestionó que aún esté pendiente la implementación de un observatorio de secuestros, iniciativa que permitiría comparar las cifras y monitorear la evolución de este delito.
A su juicio, las evaluaciones en materia de seguridad no deberían limitarse a indicadores como los homicidios y los robos violentos, sino que también deben considerar otros delitos de alta gravedad, como los secuestros.
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