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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Dirección de Presupuestos analizó 590 iniciativas para el Presupuesto 2027, destacando que 220 tuvieron rebajas. El Ejecutivo asegura que ordenarán las cuentas sin eliminar ayudas a quienes cumplan los requisitos, aunque los recortes generan incertidumbre sobre el mantenimiento de las prestaciones. Se cuestiona el costo fiscal del CAE y presuntos pagos por raciones no entregadas en Junaeb. El Gobierno defiende la contención presupuestaria para impulsar el crecimiento y el empleo, aunque se cuestiona recortes en programas como Cuidado Alternativo Residencial y la Ley Ricarte Soto. Legisladores piden garantías de que los ajustes no afecten a familias vulnerables.

Para el Presupuesto 2027, la Dirección de Presupuestos analizó 590 iniciativas y 220 registraron rebajas. El Ejecutivo sostiene que busca ordenar las cuentas sin eliminar ayudas a quienes cumplen los requisitos, aunque los recortes abrieron dudas sobre cómo mantendrá las prestaciones.

Como parte de esa revisión, el Gobierno cuestionó el costo fiscal del Crédito con Aval del Estado (CAE), argumentando que parte de la deuda no se recupera porque los beneficiarios no la devuelven.

También se investigan presuntos pagos por raciones no entregadas en contratos de alimentación de Junaeb. El Gobierno invoca ambos casos para reforzar la fiscalización.

En ese sentido, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió la contención presupuestaria y destacó los recursos destinados a impulsar el crecimiento y el empleo.

“Es un presupuesto de contención de gastos. Pocas horas antes de anunciar el presupuesto, íbamos con un presupuesto de casi un 1%, y el presidente toma la decisión de agregarle un medio por ciento más, precisamente tratando de buscar crecimiento, tratando de buscar empleo”.



Uno de los recortes cuestionados afecta a Cuidado Alternativo Residencial, destinado a niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos. Según CIPER, tendrá 16 mil 879 millones de pesos menos en 2027, pese a una evaluación favorable de la Dirección de Presupuestos.

En tanto, la diputada independiente cercana a la UDI, Marlene Pérez, respaldó mejorar la eficiencia, pero rechazó eliminar programas sociales por su impacto en las familias.

“Todos sabemos que existe una estrechez fiscal y que se deben optimizar los recursos y usarlos de manera más eficiente. Pero no soy partidaria de que se eliminen programas sociales ni que se recorten los programas sociales, porque detrás de esos programas hay familias“.



La Ley Ricarte Soto también contempla una rebaja cercana a los 28 mil millones de pesos. La ministra de Salud, May Chomali, aseguró que los pacientes actualmente cubiertos seguirán recibiendo sus medicamentos. Pero la interrogante es cómo se sostendrá esa cobertura con menos recursos.

Por otro lado, la diputada del Partido de la Gente e integrante de la Comisión de Desarrollo Social, Zandra Parisi, pidió garantías de que los ajustes no reduzcan el apoyo a las familias vulnerables.

“Porque una cosa es ordenar las cuentas fiscales y otra muy distinta es hacerlo a costa de las familias chilenas. La responsabilidad fiscal es necesaria, pero jamás puede estar desconectada de la responsabilidad social”.



Finalmente, el proyecto seguirá en las cinco subcomisiones de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta, donde se analizarán las partidas y eventuales cambios. El Congreso tiene 60 días para despachar el Presupuesto 2027.