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La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que busca endurecer las sanciones por extorsión a emprendedores y comerciantes, inspirado en un caso donde un comerciante de Santiago pagó 10 millones al "Cartel de las Vacunas". Las penas propuestas van de 10 a 20 años de cárcel para los extorsionadores, considerando factores como intimidación, asociación criminal y amenazas a la vida. La discusión en particular modificará las penas, que podrían superar las de crímenes como el homicidio. Se espera la participación del Ministerio de Seguridad y la Fiscalía en la próxima etapa de debate.
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó en general y por unanimidad, el proyecto de ley que busca agravar las sanciones por el uso de la extorsión como mecanismo de control territorial, a través de cobros de proyección o imposición económica reiterada a emprendedores y comerciantes.
El proyecto, de autoría de la bancada comunista, toma como ejemplo el caso de un comerciante de Santiago, quien debió pagar un “derecho de piso” de 10 millones de pesos al llamado “Cartel de las Vacunas”.
El proyecto impone las agravantes de pago reiterado, intimidación, asociación criminal, que la víctima sea comerciante y amenazas a la vida, otorgando una pena de presidio mayor en su grado medio a máximo, es decir, entre 10 y 20 años de cárcel. Del mismo modo, la concreción del pago no se establece como una obligatoriedad para la aplicación de la agravante.
Del mismo modo, se aplicarán penas entre presidio menor en su grado máximo y presidio mayor en su grado mínimo -entre 3 y 10 años- a quien participe en la cadena de pago a sabiendas de su origen.
El diputado Bernardo Salinas planteó que no se pueden normalizar estos cobros de cuotas por protección.
En el debate en general, se plantearon ciertas diferencias con su texto, en particular con las penas, puesto que se sobrepondrían e incluso excederían a las correspondientes a crímenes más gravosos como lo es el homicidio.
Sin embargo, esto aún puede ser modificado en la etapa de discusión en particular, donde se espera pueda participar el Ministerio de Seguridad en conjunto con la Fiscalía para brindar su opinión técnica.
El presidente de la comisión, el diputado republicano Cristián Araya, planteó que este texto puede ser tomado como una base para dicha discusión.
La Comisión entregó un plazo de indicaciones hasta el próximo 19 de octubre, a la vuelta de la semana distrital, también encomendando al diputado Salinas la misión de poder socializar el proyecto con el Ejecutivo.
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