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La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados presentó una tutela laboral contra la Corte Suprema por cuestionar la apertura de cuadernos de remoción contra jueces que viajaron durante licencias médicas. Se debate si la Suprema vulneró derechos fundamentales al iniciar estos procedimientos, generando tensiones sobre las facultades de la Corte para investigar a los magistrados.
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados presentó una tutela laboral contra la Corte Suprema, cuestionando la apertura de cuadernos de remoción contra jueces que viajaron al extranjero durante licencias médicas.
La acción busca establecer si el máximo tribunal vulneró derechos fundamentales de los magistrados al iniciar estos procedimientos, abriendo un frente en la justicia laboral en paralelo a los requerimientos que algunos de los jueces involucrados han presentado ante el Tribunal Constitucional.
El conflicto se origina en las facultades que tiene la Corte Suprema para investigar el comportamiento de los magistrados. El artículo 80 de la Constitución establece la inamovilidad de los jueces como garantía de su independencia, pero contempla como excepción la posibilidad de removerlos cuando exista un mal comportamiento.
El procedimiento para estos casos está regulado por el Acta 108-2020 del máximo tribunal, que establece las reglas para investigar la eventual responsabilidad disciplinaria de integrantes del Poder Judicial y contempla distintas etapas y mecanismos de defensa.
Magistrados abren frente contra la Suprema por cuadernos de remoción
El constitucionalista de la Universidad Diego Portales, Leonardo Ortiz, explicó que la apertura de un cuaderno de remoción es un procedimiento excepcional que puede iniciarse de oficio por la Corte Suprema o a requerimiento del Presidente de la República.
A su juicio, una de sus principales características es que las decisiones adoptadas por el máximo tribunal en esta materia no cuentan con otra instancia judicial de revisión.
Sin embargo, algunos de los jueces involucrados sí han recurrido al Tribunal Constitucional para cuestionar normas aplicadas en sus procesos. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, defendió esta posibilidad y sostuvo que se trata de un derecho de los magistrados cuando estimen que una norma es contraria a la Carta Fundamental.
Sobre los efectos de estas acciones, el académico de la Universidad Central, Claudio Pimentel, explicó que una suspensión concedida por el TC beneficia únicamente al juez que presentó ese requerimiento, por lo que los demás cuadernos pueden continuar su tramitación.
Además, sostiene que existe una eventual tensión institucional, considerando que el Tribunal Constitucional tiene atribuciones para revisar los autos acordados de la Corte Suprema.
Así, la tutela laboral presentada por la asociación de magistrados instala en la justicia laboral la discusión sobre una eventual vulneración de derechos, mientras los recursos ante el TC abren otro frente respecto de las normas y procedimientos aplicados por la Suprema.
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