El Observatorio de Políticas Públicas y el Centro de Investigación Sociedad, Economía y Cultura de la Universidad de Santiago de Chile (CISEC-USACH) analizaron la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y del ministro Iván Poduje durante el período comprendido entre el 11 de marzo y el 12 de julio de 2026.
La principal conclusión del estudio revela que la cartera está impulsando una transformación institucional de alcance estructural y un cambio de paradigma que no ha sido presentado públicamente como una reforma integral ni sometido a una discusión legislativa equivalente a su magnitud.
Si bien el estudio reconoce que dichas medidas buscan responder con urgencia a la crítica crisis habitacional del país, alerta que una transformación de esta magnitud tiene “el deber democrático de ser discutida, evaluada y transparentada de cara a la ciudadanía y no de forma fragmentada”.
Informe evalúa gestión del Minvu liderado por Iván Poduje
El documento muestra que, con las modificaciones realizadas en los primeros cuatro meses del gobierno, la nueva política habitacional deja atrás la meta histórica de entregar una vivienda terminada y la sustituye por una combinación de entrega de suelo público, propiedad anticipada, urbanización por fases, fomento de la autoconstrucción, industrialización y mayor responsabilidad familiar.
De acuerdo con la investigación, el Minvu está llevando a cabo una reforma de hecho, a través de una acumulación de decisiones administrativas, modificaciones reglamentarias, anuncios sectoriales, programas piloto y reasignaciones presupuestarias que actúan de manera fragmentada.
El informe define este fenómeno como un cambio institucional soterrado, aclarando que el término no implica clandestinidad ni ilegalidad, sino una modalidad caracterizada por la baja explicitación doctrinaria, la dispersión de sus instrumentos y la total ausencia de una instancia de discusión y evaluación.
Como ejemplos concretos, el informe menciona las modificaciones reglamentarias y la redefinición normativa. En este ámbito, se han introducido cambios regulatorios para modificar las condiciones de habitabilidad y los estándares exigidos para las viviendas sociales, permitiendo flexibilizar las exigencias para acelerar los plazos de construcción. Además, se han dictado normas para viabilizar la entrega de la propiedad de manera anticipada a las familias, antes de completarse la edificación.
A esto se suman diversas medidas administrativas y la delegación de funciones, transfiriendo facultades de fiscalización y gestión técnica a los municipios y a empresas privadas, disminuyendo el rol de control y supervisión directa del Serviu. Además, se han registrado reasignaciones presupuestarias internas no legisladas para priorizar el financiamiento de programas piloto y adquisición de suelo sobre los subsidios habitacionales tradicionales.
El informe advierte también sobre el impacto de los anuncios sectoriales y programas piloto de autoconstrucción e industrialización. En este punto, se han lanzado planes piloto de autoconstrucción dirigida, donde el rol estatal se concentra en la provisión de kits de viviendas industrializadas o materiales de construcción, traspasando la tarea de edificación y terminación a los propios hogares.
Otro de los anuncios realizados en los primeros cuatro meses del gobierno es la política de “Urbanización por Fases”, que contempla la entrega de terrenos con servicios básicos provisionales para su posterior consolidación, junto con una estrategia masiva de adquisición de suelo público como eje prioritario de la cartera.
Igualmente, el informe advierte que estas modificaciones redistribuyen de manera sustancial las funciones y los riesgos entre el Estado, las empresas privadas, los municipios y los hogares, convirtiendo al suelo en la matriz central de todo el sistema habitacional.
Sin embargo, a pesar de la profundidad de este nuevo modelo de vivienda social, el análisis demuestra la ausencia de un plan maestro general, de informes técnicos consolidados y de evaluaciones que justifiquen el diseño implementado.
Cabe precisar que el informe concluye que las medidas propuestas por el ministro Poduje no son inviables, regresivas o ilegales. Por el contrario, reconoce que las iniciativas intentan responder a problemas reales y comprobados, tales como un grave déficit habitacional cercano al medio millón de viviendas, cifras históricas de campamentos, la escasez de suelo bien localizado y una industria de la construcción debilitada.
No obstante, recalcan que cuando una política pública altera la naturaleza de lo que entrega, quién responde por ello, cómo se produce y qué riesgos se transfieren a los beneficiarios, constituye una reforma estructural y tiene la obligación democrática de ser reconocida, evaluada y deliberada públicamente.
Revisa acá el estudio completo:
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