Este lunes, el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana enviaron una carta al presidente José Antonio Kast solicitando detener de manera inmediata el cobro a los morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Según detalla el documento, firmado por diputados/as de dichas colectividades, manifestaron su preocupación por los recientes embargos y vaciamientos de cuentas bancarias de personas que mantienen deudas asociadas a este crédito.
Recordemos que este proceso de cobro es encabezado por la Tesorería General de la República (TGR), con el objetivo de regularizar el pago de este crédito en materia de educación.
En ese contexto, los legisladores advirtieron que estas medidas han afectado a personas e incluso a familias completas, dejándolas sin recursos para enfrentar sus gastos cotidianos.
“Se trata de familias completas que han quedado sin fondos para enfrentar sus gastos básicos, como el pago de arriendos, cuentas, alimentación y movilización. Incluso hemos recibido casos de personas afectadas por la medida a pesar de percibir ingresos inferiores a los montos que, según lo informado por el gobierno, aplicarían en este proceso de cobro”, detallan en el escrito.
A ello, complementaron: “Dejar a una familia sin la totalidad de sus ingresos constituye una afectación que vulnera los derechos de las personas y que muestra una desproporción inaceptable”.
Solicitudes en la carta dirigida al presidente Kast
En ese marco, los parlamentarios instaron al Ejecutivo a detener de manera inmediata el cobro administrativo realizado por la TGR y a “entregar una solución urgente para todas las personas cuyas cuentas bancarias fueron vaciadas”.
Asimismo, solicitaron aclarar los mecanismos de cobro y los criterios utilizados para determinar qué grupos de la población son objeto de estas medidas.
“La falta de información y de certeza jurídica sobre estas facultades ha generado angustia en miles de hogares y resoluciones judiciales dispares en diferentes regiones del país ante los recursos de protección presentados”, escribieron.
Finalmente, pidieron otorgar urgencia y respaldo a los proyectos de ley que buscan aliviar la situación de los deudores y establecer reglas claras para estos procedimientos.
“Tenemos el convencimiento de que la solución al financiamiento de la Educación Superior es una tarea de Estado y que para enfrentarla debemos pensar en criterios de sostenibilidad del sistema, pero que una discusión sobre el endeudamiento por estudiar es un elemento insoslayable, como ha sido reconocido por los tres últimos gobiernos, que propusieron fórmulas que buscaban aliviar esta situación”, dijo.
Para concluir, afirmaron: “Creemos que de esta manera es posible entregar no solo tranquilidad, sino también dignidad a quienes pusieron sus expectativas en una política de Estado como la del CAE y que hoy ven amenazada su subsistencia”.
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