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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La decisión de expandir y hacer permanentes las pruebas de drogas en el gobierno, iniciadas en enero con el gabinete de José Antonio Kast, busca incrementar la probidad en la función pública. Los exámenes se combinarán con revisiones de antecedentes para garantizar la integridad de los funcionarios. La medida se extenderá a ministros, subsecretarios y asesores, siendo parte de un conjunto de medidas para promover la transparencia. Tanto oficialismo como oposición ven positivamente esta iniciativa, mientras que expertos resaltan la importancia de actuar contra el narcotráfico a tiempo.

La decisión de aplicar test de drogas no es nueva. En enero ya se exigieron pruebas como requisito para integrar el gabinete, pero hoy la medida se amplía y se proyecta de forma permanente.

Esta política busca reforzar los estándares de probidad en la función pública y se enmarca en una serie de exigencias impulsadas por el Ejecutivo desde el inicio de la administración de José Antonio Kast

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Según fuentes de Radio Bío Bío, junto con estos exámenes también se realizará una revisión de antecedentes. Lo anterior, con el objetivo de evitar la presencia de funcionarios sin los estándares requeridos.

Cabe recordar que, durante la instalación del gabinete, se aplicaron exámenes como el test de pelo, que permite detectar consumo en periodos prolongados.

Desde el oficialismo, el diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, valoró la medida y aseguró que es una forma de dar señales de transparencia y fortalecer la confianza ciudadana.

Ahora, esta decisión se formaliza y amplía, incorporando no solo a ministros, sino también a subsecretarios y asesores, quienes deberán someterse a estos exámenes de manera periódica durante las próximas semanas.

El instructivo de la Contraloría establece que estas acciones se vinculan con otras obligaciones en materia de probidad, como la declaración de patrimonio, intereses y posibles conflictos.

En esa línea, el analista político Rodrigo Meléndez, subeditor ejecutivo del Instituto Res Pública, sostuvo que este tipo de controles se aplican en distintos países con diversos objetivos.

Además, advirtió que experiencias como las de México y Ecuador evidencian los riesgos de no actuar a tiempo frente al avance del narcotráfico.

Desde el Ejecutivo señalan que esta política responde a la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones, en medio de cuestionamientos a controles en administraciones anteriores.

En la oposición, el diputado Cristián Tapia, del PPD, sostuvo que la medida debería extenderse a todas las autoridades, mientras que Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, también la valoró y señaló que entrega una señal frente al avance del narcotráfico.

La implementación de estos test se proyecta como una nueva señal en materia de transparencia, aunque abre el debate sobre su alcance real y su impacto en la fiscalización de las autoridades.