La Bancada de Renovación Nacional (RN) impulsa una Comisión Especial Investigadora para estudiar las fallas en el Sistema Educacional, por la falta de matrículas y el fallido proceso de instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Según destacan, más de 800 estudiantes aún se encuentran sin un colegio donde estudiar a consecuencia de la llamada “tómbola”, a lo que se suman problemas en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública, que solo en el caso de Atacama, dejaron sin clases por tres meses a miles de escolares.
Se trata de los dos ejes centrales que la Bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) buscan revisar en una Comisión Especial Investigadora, que debería votarse el próximo lunes.
En ese sentido, resaltaron que la falta de matrícula que aún existe en regiones como Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, La Araucanía y Bío Bío, “se ha traducido en que millares de estudiantes primarios aún no han podido iniciar clases, lo que parece especialmente grave si tenemos en consideración la necesidad de superar el déficit que dejó la pandemia en materia educativa”.
Los parlamentarios también exponen que lo sucedido en la última parte de 2023 con la crisis de Atacama, es una “expresión del fracaso de una política que se impuso con base en pretensiones ideológicas y por sujetos cuyas capacidades e idoneidades técnicas han sido severamente cuestionadas en los últimos meses”.
En ese sentido, apuntan que las dificultades en los Sistemas Locales de Educación Pública (SLEP) “abonan al conjunto de problemas que afectan a la educación pública y que tienen otras expresiones en las cuestionables tómbolas y en las indignas filas que vemos de padres procurando una matrícula para sus hijos”.
Asimismo, la solicitud menciona que incluso el Defensor de la Niñez -Anuar Quesille- afirmó que “la educación es un derecho fundamental (…) y es un deber primordial del Estado garantizarlo”. Y para eso se deben “generar condiciones que permitan un acceso oportuno y adecuado bajo cualquier circunstancia”. Además, la misma Defensoría, en 2022, advirtió “la falta de cupos en diferentes regiones, solicitando la solución con urgencia”.
Finalmente, cabe destacar que la instancia fiscalizadora tendrá como tarea -en un plazo de 60 días- “fiscalizar los actos del gobierno, en especial, del Ministerio de Educación, en relación con la implementación del Sistema de Educación Pública desde el año 2022 a la fecha y las complejidades que ha experimentado el proceso de admisión escolar para el año escolar 2024”.
Al respecto, la diputada Marcia Raphael, integrante de la comisión de Educación, justificó la medida, enfatizando en el “fracaso del sistema de admisión escolar y la ineptitud del gobierno ante miles de alumnos sin matrículas en distintas zonas del país”.
“Aquí es importante poder detectar los problemas administrativos para que esta situación nunca más vuelva a ocurrir, porque claramente vulnera el derecho a la educación que consagra nuestra constitución”, concluyó.
Hugo Rey, subjefe de bancada e integrante de comisión de Educación, sostuvo que “esta reforma se implementó buscando mejorar la educación en el país, pero hoy los resultados y las consecuencias que vemos en el proceso educativo de los niños, adolescentes y jóvenes son muy graves”, afirmó.
“El Presidente Boric señaló que la educación iba a ser su principal preocupación, lamentablemente tenemos a cientos de estudiantes sin matrícula, a comunidades educativas en crisis y ocasiona serias deficiencias en los establecimientos educacionales del país”, criticó.
Mientras, Sofía Cid, diputada por Atacama y miembro de la Comisión Investigadora de Educación, apuntó que “La grave crisis en la que está la educación pública en Chile es terrible y sus efectos a largo plazo son incalculables, porque no solo se trata de perder clases, como ocurrió el año pasado en Atacama, sino también espacios de socialización y finalmente, se pierden oportunidades”.
“Las reparaciones en los colegios de Atacama aún no se solucionan, y lo peor de todo, es que el Gobierno parece no saber qué hacer. Por eso es importante establecer las responsabilidades políticas de quienes no solo están ahora en el Gobierno, sino que fueron los autores de estas reformas a la educación que han demostrado ser un fracaso”, cerró.
