Representantes del Partido Republicano y la UDI no descartaron acusar constitucionalmente al ministro de Vivienda, Carlos Montes, tras el lapidario informe de Contraloría sobre el Caso Convenios. De acuerdo a Jorge Bermúdez, se detectaron irregularidades en el traspaso de recursos públicos en 15 de las 16 regiones del país.

Parlamentarios de oposición no descartaron impulsar una acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes, por los últimos antecedentes del Caso Convenios.

Cabe recordar que el contralor Jorge Bermúdez expuso en la Cámara una serie de irregularidades en el traspaso de recursos públicos a organizaciones sin fines de lucro desde las Secretaría Regionales Ministeriales de Vivienda en el marco del programa Asentamientos Precarios.

Estas acciones de detectaron en 15 regiones del país, sólo a excepción de Aysén, e involucran a 19 fundaciones que recibieron fondos entre 2021 y 2023.

El timonel de la Contraloría expuso sobre la falta de institucionalidad que permitió estas acciones, que permitió que “se haya colado el virus de la corrupción”.

En ese contexto, representantes de la oposición pidieron la renuncia del ministro Montes, pero este se negó a dejar el cargo.

Posible acusación constitucional contra Montes

El diputado Luis Fernando Sánchez, del Partido Republicano, señaló que “hemos estado juntado antecedentes, puntualmente de la responsabilidad del ministro Montes. Esta investigación aporta antecedentes importantes y nos obliga a evaluar si corresponde ingresar esta acusación”.

“Estamos estudiándolo y creemos que es una decisión que deberíamos tomar luego”, agregó.

Por su parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI) sostuvo que “uno esperaba que él (Montes) diera un paso al costado por su dignidad y su trayectoria, lo que no ocurrió”.

“Vamos a estudiar si es interpelación, si es sesión especial o si es acusación constitucional, pero vamos a ocupar todas las herramientas políticas”, precisó sobre las medidas de fiscalización que podrían adoptar tras el informe del contralor.

Quien defendió al secretario de Estado fue la diputada Carolina Tello (PC), quien aseguró que “no sólo ha actuado con celeridad, sino que además ha puesto a disposición toda la información recopilada”.